La rama pontevedresa de la operación Patos se desinfla en los juzgados
PONTEVEDRA CIUDAD
Archivada la tercera de las cuatro investigaciones abiertas en el ámbito judicial
08 ene 2017 . Actualizado a las 05:00 h.De las cuatro piezas que llegaron a los juzgados de Pontevedra desgajadas de la operación Patos, que investiga un supuesto entramado de tráfico de influencias, solo una sigue viva en el ámbito judicial. En vísperas de la Nochebuena, la Fiscalía solicitó al Juzgado de Instrucción número uno de Pontevedra el archivo de la causa relativa a unas obras contratadas en la delegación de la Consellería de Política Territorial. Todo apunta a que la decisión de la magistrada pontevedresa será la de sobreseer el procedimiento, algo que ya se ha hecho con respecto a unos presuntos enchufes en Cespa y a la concesión de unas subvenciones europeas a la empresa Ence.
En cuanto a las obras en Política Territorial, el escrito del ministerio público alude a que la causa se abrió a raíz del hallazgo en los ordenadores de la firma Eiriña «tres documentos en los que se proponía a la Xunta de Galicia a varias empresas para participar en licitación de obras públicas». Añade que, pese a las indagaciones llevadas a cabo por la policía, no se pudo determinar quien fue la persona que confeccionó tales documentos.
De igual modo, «no consta que los mismos hubiesen tenido entrada en la Administración a la que teóricamente iban destinados». De hecho, se estimó que el posible receptor de los mismos podía ser un funcionario, en la actualidad jubilado, quien, sin embargo, manifestó que, por un lado, desconocía de qué documentos se podía tratar y, por otro, precisó que no tenía constancia de que hubieran sido tramitados en el organismo en el que trabajaba,
En el marco de la instrucción judicial, también se tomó declaración a un antiguo trabajador de Eiriña. Tras rechazar haber sido el autor de los tres documentos, advirtió del hecho de que a los ordenadores de la compañía constructora podía acceder cualquier persona.
Cabalgata del 2013
De este modo, la única causa de la rama pontevedresa de la operación Patos que sigue su curso es la relacionada con la concesión en el 2013 de tres obras a la empresa Eiriña: el asfaltado de unos viales y la carretera EP-0019 en Salcedo; la reforma de Santa Clara; y la rehabilitación integral de la avenida de Lugo. Como contrapartida, la policía sospecha que la empresa podía haber aportado o, incluso, donado unos 3.630 euros en la cabalgata de Reyes de aquella Navidad.
En el informe de la UDEF -Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal- se indica que la firma constructora es generosa con quienes les dan obra, según se recoge en una información publicada por La Voz el 18 de septiembre del 2015. En este sentido, se alude a las sospechas que apuntan en la dirección de que los cálculos de determinados presupuestos de obra eran erróneos, lo que favorecería a la firma investigada sobre otras compañías candidatas, toda vez que su puntuación mejoraría.
En este punto, y siempre en relación con la información publicada hace dos años, las dudas policiales se refieren a cuestiones relativas al control y dirección de obras, la apertura de procedimientos de negociado sin publicidad en los que el Concello de Pontevedra habría invitado a tres empresas para que presentasen ofertas, entre ellas Eiriña y firmas «amigas». A este respecto, los agentes de la UDEF sostienen que, si bien la asesoría jurídica municipal puso reparos, el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, los levantó «en claro incumplimiento de los pliegos de las cláusulas administrativas».
Lo cierto es que Eiriña se hizo con los tres contratos, de tal modo que las obras de la avenida de Lugo fueron adjudicadas por algo más de un millón de euros, mientras que las de Santa Clara supusieron un desembolso superior a los 676.000 euros. En cuanto a la rehabilitación de Salcedo, se trata de la actuación de menor envergadura económica, lo que lleva a la policía a estimar que los tres contratos bajo sospecha supusieron un desembolso de unos dos millones de euros procedentes de las arcas municipales.
Ahora solo resta conocer el pronunciamiento de la Fiscalía de Pontevedra, algo que, en principio, no debería demorarse demasiado a la vista de como se han tramitado las otras tres causas.