El caso Incolsa ha dado imágenes inéditas, e impactantes, y ha judicializado aún más la sobresaltada vida municipal
29 nov 2009 . Actualizado a las 02:00 h.Algunos asistentes al pleno municipal del jueves revivieron escenas de hace dos décadas, con las sonoras dialécticas protagonizadas por Gerardo Conde y el entonces alcalde Xerardo Estévez. A diferencia del rifirrafe del otro día, el antiguo regidor se había conjurado con su propia paciencia para no ver a las fuerzas del orden entrar en el salón de plenos. Jamás lo iría a hacer y jamás lo hizo, aunque alguna vez le corroyeron las ganas. Uno ha sido testigo.
Resulta impactante observar a unos agentes llevándose a un edil. No es la casa del Gran Hermano. Aparte de causar una fuerte impresión, no es el mejor escaparate para un Concello y para una ciudad. De eso huía Estévez, pero Sánchez Bugallo no lo creyó pertinente y ha ejercido su derecho a expulsar a un edil que no acató sus órdenes por tres veces, al margen de las razones que acompañaban a cada uno en la lid.
Conde Roa tiene una vena indomable y, en determinadas circunstancias, no se recata en exhibirla. Es su carácter y el germen de nuevas fotografías de uniformes en el salón plenario. Las opiniones están divididas ahora entre quienes abogan por la firmeza o la flexibilidad más allá del reglamento. En todo caso, la reacción al desacato es jurídicamente correcta.
Existía una tercera alternativa, que otros no dudarían en aplicar para alejar el escándalo: la suspensión del pleno. Es lo más cómodo, aunque en este caso quizás no fuese lo más oportuno. Suspender la sesión podría equivaler, en las interpretaciones de calle, a eludir un debate espinoso y nada grato, el de las facturas de Incolsa. Por contra, Xosé Manuel Iglesias ha podido desgranar su versión de la mejor manera: sin el contraataque de las huestes de la oposición, que acompañaron a su jefe en el exilio plenario. El edil no ha tenido que verse cara a cara con Paula Prado. A la edila del PP, abogada, le tocó jugar el rol acusador y su lid con Iglesias por este y otros sucesos ya está adquiriendo tintes proverbiales.
Es una de las parejas antagónicas del actual mandato. A veces con no poca desazón interior y con febriles ganas (allá por junio) de tumbarse en el sofá domiciliario. Podrían contarlo. El registro («yo antes que tú») de sus peticiones de pleno ha motivado ya el anuncio de una denuncia judicial, interpuesta por el PSOE. La otra, por las facturas de Incolsa, la ha anunciado el PP. La comodidad y efectividad de la dinámica local invita a trasladar los despachos municipales a Fontiñas.
Facturas o presupuestos, quizás confundibles como los galgos y los podencos, se alzan sobre el polémico tapete municipal en torno al caso Incolsa. Los papeles de la sociedad que viajaron a la Xunta y retornaron a la Rúa do Vilar son facturas y la distancia entre el PP y el equipo de gobierno radica en el concepto de error o intencionalidad existente en ese tránsito.
Xosé Manuel Iglesias se ha envuelto en un calvario. De barruntarlo, huiría del berenjenal político-administrativo en el que se adentró. Porque la actuación del concejal, tenga la acepción jurídica que tenga, ha tenido como objetivo la salvaguarda de los intereses de una sociedad municipal que no se encontraba precisamente en su momento más saludable. El termómetro de Incolsa marcaba una temperatura que obligaba a actuar y la Xunta, con la misma elástica política, debía (y debe) hacerlo. Quiere ello decir que no ha habido ninguna mira gürteliana en el proceder de Iglesias. En realidad arriesgó su pellejo por la causa municipal, con la tenacidad que le caracteriza, y lo ha hecho con una acción que resultó ser irregular y chapucera.
Las facturas económicas se han transformado en facturas políticas que le están pasando a él mismo. Los papeles remitidos a la Dirección Xeral de Turismo, un caudal aprovechable, han dado pie a armar una contienda que hacia algún lado se va a inclinar, según el rumbo de las sospechas en el salón plenario de Fontiñas o en los propios despachos jurídicos de Raxoi.