Aquagest, empresa adjudicataria del servicio de abastecimiento de agua y saneamiento de residuales en Teo, recurrirá a la vía judicial para cobrar más de novecientos mil euros que le adeudan las arcas municipales por facturas pendientes. Esta decisión fue confirmada en la tarde de ayer por Henry Laíño, responsable de Aquagest en Galicia, que si bien expresó el deseo de la empresa de «buscar un acuerdo siempre que sea posible», cuando tal posibilidad no se da no les queda otra alternativa que acudir a la vía judicial para «cobrar lo que legalmente nos corresponde».
El uso de la vía judicial es la alternativa que le queda a Aquagest después de que el pleno del miércoles rechazase, con los votos de PP y PSOE, la propuesta del gobierno local (BNG) para aprobar un expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito para asumir estos pagos.
El pleno debatió por cuarta vez el asunto en los últimos meses y en esta ocasión fue planteado porque, según explicó el regidor, Martiño Noriega, Aguagest ya les había anunciado de forma extraoficial que si el abono no se hacía efectivo a corto plazo, reclamarían la deuda por vía judicial. El visto bueno al pago contó con el apoyo del BNG y del edil independiente Manuel Parajó, pero resultó insuficiente. Y ante la futura denuncia, Parajó dijo que los grupos que no apoyaron el pago deberían asumir responsabilidades.
El ex alcalde, Armando Blanco, justificó la negativa del PP diciendo que cuando el BNG estaba en la oposición «non aprobaban ningunha proposta do goberno». En cuanto al PSOE, su portavoz, Jano Leis, acusó al BNG de utilizar el reconocimiento extrajudicial de crédito de forma abusiva y dijo que las facturas tenían informe negativo de Intervención.
El portavoz del BNG y primer teniente de alcalde, Rafael Sisto, señaló que el Concello debe utilizar la fórmula del reconocimiento extrajudicial de crédito porque el dinero del agua de ese ejercicio se utilizó para abonar las facturas de año anterior, lo que agotó el presupuesto. Sisto destacó que «non hai capacidade económica para duplicar a partida no presuposto» para regularizar la situación y acusó a Leis de «escudarse na literalidade da lei» y con ello vetar el pago de una deuda reconocida y para la que sí hay fondos.