Era cuestión de tiempo que Pilar de Lara situara a Gerardo Conde Roa en el centro de la diana de la rama compostelana de la operación Pokémon-Manga. Dada la magnitud que va alcanzando el caso de presunta corrupción, no es que los tiempos de la jueza sean lentos, sino que a cada protagonista le llega la citación como imputado -caso del exalcalde- o los agentes del SVA con orden de detención, según la maraña se va desenredando. Y ya han pasado cinco meses desde el primer desembarco de Pokémon en el pazo de Raxoi.
No es casualidad que Gerardo Conde haya sido llamado al juzgado número 1 de Lugo tras la detención y declaración del que fuera su mano derecha en el gobierno compostelano, Ángel Espadas. De las arriesgadas andanzas del exregidor hay sobrada documentación -escrita o no-, y entre el material que haya podido encontrar la jueza en su casa, los pinchazos telefónicos y la declaración de Espadas, no sorprende su imputación, que lo es, al parecer, por indicios de tráfico de influencias, cohecho y prevaricación.
Conde Roa tenía cerrada con la adjudicataria del servicio de aguas la ampliación de la concesión, evitando el concurso, a cambio de una inversión multimillonaria para mejorar el abastecimiento en el rural (él hablaba de unos veinte millones de euros, pero podría ser algo menos). El acuerdo era un hecho. A la jueza le toca ahora verificar si el exalcalde obtuvo prebendas a cambio. Las sospechas se centran en el pago de viajes, algún enchufe en la concesionaria... pero nada ha trascendido sobre comisiones en metálico, cosa que sí podría aparecer, al menos como ofrecimiento, en la relación de Vendex con el Concello durante el mandato del polémico regidor. Ya se sabe como eran las cosas con Aquagest, una concesionaria que, durante mucho tiempo y no solo con el PP al mando en Raxoi, ha servido tanto para un roto como para un descosido. Si el exgerente José Luis Míguez canta todo lo que sabe, más de uno puede echarse a temblar. En el círculo de amistad que formaban Ángel Espadas, Míguez y el gerente de Vendex en Santiago, Alberto Quintana, (en el que estaba asimismo el empresario Suso Fuentes, también imputado), se afianzaron las prácticas de riesgo del gobierno de Conde Roa que, por otro lado, también se extendían al sector inmobiliario, en el que el exalcalde promotor se había hundido literalmente en la miseria. La muy polémica operación de la finca de Espiño puede planear sobre este caso.
Verificada la imputación de Conde Roa, ¿puede esta afectar al Concello?. La concejala Amelia González, a la que tocó hablar ayer para cubrir los silencios del alcalde Currás, espera que no. Sin embargo, es evidente que sí le afecta. Acrecienta el escándalo en el que se ha instalado el gobierno local.
Le afecta porque este ejecutivo es la mala herencia de Gerardo Conde. Sus máximos responsables fueron por él impuestos y Currás y sus principales apoyos, Reyes Leis y María Pardo, arrastran ese sambenito. Además, es un clamor el hecho de que no han roto vínculos con el exalcalde, que sigue influyendo en el pazo de Raxoi. Algunos concejales se jactaban estos días, tras la detención de Ángel Espadas, de que fue Currás quien echó al polémico ex jefe de gabinete. Un mérito insuficiente a la vista de la sucesión de imputaciones que han ido llegando al pazo de Raxoi.