El fallo llegará a todos los concellos que aprobaron una ordenanza tipo
10 may 2013 . Actualizado a las 07:00 h.El Concello de Brión ha tenido que anular la parte sustancial de la ordenanza reguladora por el uso de espacios públicos físicos y aéreos por la que reclamaba en torno a siete mil euros por trimestre a varias operadoras de telefonía móvil por el desarrollo de su actividad empresarial en el municipio.
Esta resolución es extrapolable a todos los municipios que en los últimos años aprobaron una ordenanza similar cuya recaudación nunca llegó a producirse porque las empresas operadoras reclamaron de forma sistemática y finalmente los tribunales le han dado la razón en el grueso de sus demandas.
El fallo brionés corresponde a una sentencia, que ya es firme, del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Y en ella, el municipio estuvo defendido por los servicios jurídicos de la Diputación provincial,
La ordenanza brionesa calculaba los ingresos a percibir en base, entre otras variables, al consumo telefónico medio de las líneas fijas procedentes de teléfonos móviles y al número de teléfonos fijos instalados en el municipio.
Desglosado por compañías, la empresa que tendría que abonar un canon más alto es Movistar, con 3.431,84 euros. Le sigue Vodafone con 2.324,41 euros, mientras que para Orange la reclamación llegaba a 1.164 euros.
Tal y como consta en la sentencia del TSXG, que data del 10 de diciembre del año pasado, las razones para rechazar el cálculo de la tasa aluden a que el sistema para medir determinados coeficientes no permite calcular los ingresos reales de las operadoras por concellos.
La ordenanza brionesa y la de los demás concellos diferencia entre las empresas de telefonía que disponen de repetidores físicos en sus municipios y aquellas que alquilan el servicio. De ahí que cada concello diversifique sus demandas, todas fallidas, en función de las firmas titulares de los repetidores.
La pérdida de la batalla legal entre los concellos y las empresas de telefonía móvil supone un varapalo para las arcas municipales, aunque cuando se aprobaron estas ordenanzas entre los años 2010 y 2012 los ayuntamientos ya eran conscientes de las escasas posibilidades de fallos favorables. Pero todos optaron por mantener un frente común con el apoyo de las diputaciones, y las federaciones gallega y estatal de ayuntamientos. En el caso amiense el Concello aspiraba a cobrar 218.000 euros por varias anualidades. Y Teo cifraba su canon trimestral en casi 18.000 euros.