Las lecturas de los portavoces de los grupos de la oposición en Raxoi ante las denuncias vertidas por el PP se dividieron entre las del propio Agustín Hernández, que además de denunciante pasó a ser aludido por las réplicas de Noriega, y las de los representantes de PSOE y BNG, que aprovecharon la ocasión para volver a poner sobre la mesa un uso de los contratos menores por parte del gobierno de Compostela Aberta que juzgan abusivo.
Hernández devolvió al tejado del alcalde la pelota lanzada por su propio grupo. «El é que ten que dar explicacións, en troques de facerse o digno e falar de liñas vermellas que pon el», emplazó el portavoz popular, que reveló que la única vez en este mandato que encara su tramo final en la que había subido al despacho de Noriega fue para recriminarle un cómic en el que Hernández aparecía caricaturizado como el flautista de Hamelín y el resto de ediles del PP como ratones. «Se vexo que hai contratos nos que se favorece a amigos e familiares das mareas, teño que denuncialo. O alcalde ten que clarexar o que se está a denunciar», apremió.
Por su parte, el socialista Paco Reyes y la nacionalista Goretti Sanmartín coincidieron en recuperar la reprobación por el abuso de los contratos menores, un tema que ya ha sido abordado en varias ocasiones por el pleno de Raxoi. «Non coñezo a fondo o expediente, e non podo dicir se ten habido algún tipo de contratación ou de falta de ética. Pero no 2017 houbo máis de 900 contratos menores, que representaron o 41 % do total. É unha malísima xestión. O contrato menor é para cuestións moi concretas e estase a facer un abuso que pode dar lugar a situacións como as que está a denunciar o PP», advirtió Reyes. Recordó que el PSOE ya llevó al pleno una moción ante la que CA votó en contra y el PP se abstuvo.
Como su homólogo socialista, Goretti Sanmartín remitió a un informe de Intervención que alerta del abuso de los contratos menores por parte del gobierno municipal, al que la portavoz del BNG también reprendió por duplicar con creces el plazo máximo legal de 30 días para pagar a los proveedores. Eso sí, Sanmartín sí se mojó sobre las denuncias concretas del PP de que CA contrató con familiares y amigos: «Estou convencida de que algúns casos non son certos».