El fin del proceso contra la viuda del Nobel pone fin a una década de quejas por los desmanes en la entidad cultural
22 ene 2020 . Actualizado a las 14:22 h.Cuando el pasado jueves el presidente de la sección compostelana de la Audiencia Provincial, Ángel Pantín, declaró visto para sentencia el juicio por la supuesta malversación de caudales públicos en la Fundación Cela la viuda del escritor y premio Nobel, Marina Castaño, pasó el penúltimo mal trago de los muchos que ha tenido que afrontar en la última década. Una época en la que ha tenido que lidiar con un largo proceso judicial en el que se puso en tela de juicio su gestión al frente de la entidad cultural con sede en Iria Flavia y los supuestos desmanes que cometió ella en su gestión. El último mal trago lo pasará, si no se le atraganta en forma de condena, cuando se haga público el fallo del tribunal y sepa si queda absuelta y puede olvidarse por fin de todos los desvelos que le ha causado este asunto.
En estos diez años, muchas fueron las acusaciones que se hicieron contra Marina Castaño por parte de la vecina de Iria Flavia cuyas denuncias iniciaron el proceso judicial que ahora ha culminado, Lola Ramos. En el juicio, sin embargo, tanto ella como los otros tres encausados tan solo han tenido que afrontar un reproche por parte de la Fiscalía y la acusación particular, que los acusó de haber urdido un plan en el 2010 para beneficiar al que durante 17 años fue gerente de la fundación, Tomás Cavanna. Según el ministerio público, todos se pusieron de acuerdo para fingir su despido e indemnizarle ilícitamente con 150.000 euros con cargo al dinero que puso la Xunta para ejecutar el plan de viabilidad de la entidad antes de que pasase a ser pública. De ahí los cargos por malversación de caudales públicos. Para todos ellos se han pedido cuatro años y medio de cárcel y que devolviesen, a escote, ese dinero.
La vista, al menos en apariencia, fue mejor para las defensas que para las acusaciones. En primer lugar, porque la supuesta perjudicada, la Xunta, ni quiso ejercer acciones durante la instrucción ni se sentó en la bancada de las acusaciones. Además, los dos altos cargos del Gobierno gallego que testificaron en la vista coincidieron en que conocieron el pago de los 150.000 euros, que pasó por el control de los órganos de fiscalización y que no se le puso ninguna pega. Así lo declararon Jesús Oitavén y Antonio Fernández Camba, que fueron ambos los números dos de la Consellería de Cultura.
Tampoco pudieron la Fiscalía y la acusación particular probar claramente ese plan para fingir el despido del exgerente, Tomás Cavanna, que es uno de los acusados junto al exconselleiro de Presidencia Dositeo Rodríguez y su hija Covadonga, que es actualmente directora en funciones de la Fundación Cela.
Lo que sí quedó patente fue que los problemas económicos que arrastraba la entidad desde la muerte del escritor en el 2003, cuando empezó a perder apoyos económicos de empresas y administraciones, explotaron en el 2008 con la crisis económica y evidenciaron que o la entidad hacía las maletas y se trasladaba a Madrid o la Xunta la intervenía y la hacía pública.
Un sueldo de 100.000 euros
Esa segunda opción fue por la que se optó porque el Gobierno autonómico no quería que Galicia perdiese el legado de uno de sus más ilustres escritores. Pero la fundación no podía ser pública con un gerente que ganaba más de 100.000 euros al año, de ahí que su salida fuese inevitable.
El argumento de la Fiscalía fue que Cavanna quería dejar el puesto, pero que fingieron su despido para beneficiarle. Sin embargo, en el juicio quedó patente que el gerente tenía 61 años en aquel momento y que no volvió a trabajar, por lo que tras cobrar el paro recibió una pensión por jubilación que se le redujo por haber cotizado menos en los últimos años de su vida laboral.
Los dos fiscales que estuvieron en la vista dedicaron buena parte del juicio a intentar demostrar que el despido podría haber sido procedente por causas económicas y que, por tanto, solo habría percibido 96.000 euros y no 150.000 porque le habrían pagado veinte días por año trabajado y no 33. Ninguno de los acusados negó que hubiera una negociación para formalizar las condiciones del despido improcedente, algo habitual en las empresas, pero ese acuerdo no fue por el máximo que podría haberle correspondido a Cavanna, que de haber percibido los 45 días por año a los que tenía derecho se habría embolsado más de 200.000 euros.
El asunto juzgado, más allá de tratarse de la figura de Cela, habría suscitado escaso interés de no ser por quienes estaban sentados en el banquillo de los acusados. Si hay absolución, la sentencia acabará con los desvelos de Marina Castaño y el resto de encausados, pero también permitirá activar el reseteo a una fundación que desde que está gestionada por la Xunta ha dejado atrás los escándalos y sobresaltos. El tribunal dirá.