Una mujer de la comarca a la que no conozco contacta conmigo por Facebook. No publicaré su nombre porque es una comunicación privada y eso es sagrado. Tampoco sé si su nombre es real o mero invento, aunque quizás en este caso sea lo primero.
Mi comunicante, en tono educado y firme, dice que espera que para haber publicado yo un topónimo de Ordes hace un mes haya obtenido permiso. Se trata de una vivienda aislada, y figura en el Instituto Geográfico Nacional con un topónimo de dos palabras: Casa XXX (no procede repetirlo). Figura también en Google Maps. Le explico amablemente que no, no he contado con el permiso de sus dueños ni se me ha ocurrido hacerlo ni lo haré, y replica, en tono más seco, que se informará —¡magnífico!— y que si llega a ser su casa no lo toleraría.
Por supuesto, cosas así a un periodista le entran por un oído y le salen por otro, y si no es capaz de hacerlo debe dedicarse a otra cosa. Fanáticos de todo estilo, macarras, guerrilleros, policías, visionarios, chulos, políticos y emigrantes (no inmigrantes, conste) han amenazado un montón de veces al firmante de estas líneas. Es lo que hay.
Lo preocupante es que una persona, en pleno siglo XXI y viviendo en una democracia, ignore que sí, es posible publicar no solo cualquier topónimo, sino cualquier detalle personal siempre y cuando —Tribunal Constitucional dixit— sea de interés en la información que se está transmitiendo. Es decir, no puedo publicar, si lo supiera, el domicilio o datos personales de mi comunicante porque me dé la gana, pero sí si hacen referencia a una información. Porque saber eso es saber vivir en democracia. Y no saberlo nos acerca a la no democracia. Así de sencillo.