Los expedientados del PSOE de Santiago esperan su sentencia y el BNG, por el presupuesto

Con el primer pleno ordinario del año resuelto, la próxima cita corporativa que debe preocupar a Goretti Sanmartín es la que ha de abordar los presupuestos municipales del 2025. La alcaldesa ya llega tarde para su aprobación, y aunque ha arrancado el año con un acuerdo con el grupo socialista que en otros tiempos le garantizaría tranquilidad absoluta para sacarlos adelante, ahora mismo, cuando el PSOE local está sumido en el abismo, no le garantiza nada.

Por más que la nacionalista apele a la seriedad de quienes participaron en esas conversaciones y extienda esa confianza a la dirección del partido, esta no ha tenido parte en el acuerdo por mucho que Marta Abal —alineada, junto con Sindo Guinarte, con la ejecutiva local— haya participado en alguna de esas reuniones. La exconcejala de Facenda finalmente no estuvo en la firma del acuerdo y la dirección local no se da por interpelada, con lo que Goretti Sanmartín podría tener que abrir otro frente negociador antes de llevarlos a pleno.

La alcaldesa no teme por la gobernabilidad, pero la situación del PSOE se la complica seriamente, incluso antes de la escisión en la que acabará —todo apunta a ello— ese grupo municipal. Si bien formalmente siguen siendo un mismo grupo, ya son dos de facto (el de los 4 expedientados y el de los 2 alineados con la dirección local). Y que anteayer mantuvieran la unidad de voto en decisiones plenarias que ya venían perfiladas de atrás (como los temas urbanísticos), no le garantiza que lo vayan a hacer con los presupuestos, si para entonces siguen siendo un mismo grupo. Porque ahora mismo no está claro hasta cuándo Gonzalo Muíños, Mercedes Rosón, Mila Castro y Marta Álvarez compartirán siglas con Guinarte y Abal.

Formuladas las alegaciones a su expulsión provisional este miércoles, los expedientados esperan ahora a que el partido decida si ratifica esa sentencia. Llegados a este punto, todo apunta en esa dirección, y a que será más pronto que tarde. Porque, pese a que los sancionados todavía tienen la posibilidad de presentar recurso ante el comité federal de ética y garantías del PSOE hasta el próximo viernes, para el partido, esa posibilidad no resta efectividad a las decisiones sancionadoras. Según esa lectura, la expulsión definitiva podría decidirse antes de ver esos recursos, una vez analizadas las alegaciones.

Hacia la judicialización del caso

La próxima será una semana claramente de espera en Raxoi, tanto para los expedientados como para el gobierno, pendiente de que se aclare el tablero político cuando la disposición de los presupuestos municipales depende del ala socialista, ya sea de la alineada con el aparato o de la que discrepa de él. Sanmartín pretendía hace días llevarlos al pleno hacia mediados de febrero. Y, ahora mismo, es una incógnita cuál será la situación del grupo del PSOE entonces: aunque internamente seguirán divididos, el secretario municipal dejó claro que los conocidos como díscolos solo pasarían a la condición de concejales no adscritos si hay una expulsión firme. Y aun cuando llegue esta, está claro que los afectados abrirán la vía judicial contra las expulsiones solicitando medidas cautelares. Si se les conceden, la crisis se prolongará. Tanto la interna en el grupo municipal, como con el aparato del partido, que no ha logrado todavía situar a Guinarte como portavoz en Raxoi.

Desde el PSdeG, el portavoz de su ejecutiva, Julio Torrado, insistió ayer en que el partido tiene «unha normativa que cumprir» y que el camino siempre «é utilizar os mecanismos» de los que dispone: «Este é un partido que aspira sempre a resolver calquera cuestión da maneira máis natural posible e sempre ten unha ferramenta para facelo, que é o que nos define como organización, que son as súas normativas». Torrado restó importancia a las denuncias de «indefensión» por parte de los expedientados. Dijo no sentirse quien «para compartir ou non os sentimentos das persoas nin para xulgar os seus sentimentos».

---

---

---