Con las alegaciones de Muíños aún pendientes, es muy probable que la desconexión de los díscolos del grupo del PSOE no llegue aún al pleno de abril
17 abr 2025 . Actualizado a las 05:00 h.El divorcio del grupo municipal socialista se está prolongando más de lo deseable para el partido, que no acaba de ver la hora en que Sindo Guinarte asuma la portavocía de la formación en el Ayuntamiento, tras la expulsión de los cuatro concejales que han mantenido el pulso con la dirección local del PSOE después de que esta impusiese la abstención en junio del año pasado en la ordenanza que regula las viviendas de uso turístico (VUT) de sesenta días.
La ordenanza no hacía más que desarrollar una posibilidad que abría el Plan Xeral de Ordenación Municipal que había modificado el gobierno de Sánchez Bugallo para regular la implantación de las VUT en la ciudad, con lo que los seis socialistas desoyeron al partido y votaron afirmativamente. Abstenerse habría echado abajo la normativa impulsada por Goretti Sanmartín (BNG).
Pero la unión del grupo, de la que hicieron gala en su momento, no duró. Sindo Guinarte y Marta Abal acabaron volviendo a la disciplina del partido, mientras que los expedientes abiertos a Gonzalo Muíños, Mercedes Rosón, Mila Castro y Marta Álvarez derivaron en su expulsión, lo que dejará la representación socialista en Raxoi en tan solo dos ediles, después de haber logrado seis en el 2023.
Para el PSOE, ahora mismo ya no hay más realidad que esa: su formación se ha quedado reducida a dos integrantes, con los que pretende desarrollar su política municipal. Pero no es así para el Concello, al menos de momento. Oficialmente, los cuatro expulsados siguen formando parte del grupo municipal socialista. Y no solo eso, Gonzalo Muíños sigue al frente, en la portavocía.
Así se deriva del informe emitido por el secretario municipal cuando el partido notificó en enero la suspensión de militancia e inhabilitación para cargo público de Gonzalo Muíños por año y medio. La expulsión, junto con la de sus compañeras, llegaría después, al no facilitar el relevo en la portavocía a favor de Guinarte. El alto funcionario venía a decir entonces que mientras no mediase una expulsión definitiva, Muíños seguía siendo miembro del grupo socialista. Esa circunstancia se hizo extensiva a sus compañeras, sancionadas con posterioridad.
La expulsión orgánica de los cuatro adquirió firmeza a mediados de marzo, con lo que se esperaba que su desconexión del grupo municipal se produjese en el pleno de finales de ese mes (la corporación tiene que darle el visto bueno), pero la vigencia de aquel informe se mantiene de momento.
Pendiente del secretario
Ante la firmeza de la decisión del partido, el secretario decidió abrir un período para que los díscolos pudiesen alegar, plazo que concluyó este martes para las edilas. El de Muíños todavía vence el día 22 (se le notificó más tarde), dos días antes del pleno ordinario, con lo que es más que probable que, oficialmente, el grupo socialista siga funcionando otro mes más con sus seis integrantes. Si el secretario informase en la jornada previa al pleno, la que le quedaría entre plazos tan ajustados, la cuestión podría llevarse a este por urgencia. Pero no parece muy probable. Y, de no hacerlo, la desvinculación quedaría para mayo, salvo que en ese intervalo la Justicia acepte las medidas cautelares solicitadas por los expulsados, que han recurrido la acción disciplinaria del partido por vía judicial.
En cualquier caso, la ejecutiva local del PSOE decidió hace días recuperar la actividad pública de su secretario general, Aitor Bouza, y de los dos concejales que se mantienen en sus filas, ante la demora en la resolución oficial de la situación del grupo en Raxoi, donde la mayoría que ostentan los díscolos dificulta la visibilidad del partido.
Bouza espera que la situación se normalice ya este mes y que Guinarte pueda ejercer de portavoz en el pleno del 24. Entiende que no hay impedimentos para ello. Pero desde el entorno de los expulsados consideran prácticamente inviable que el secretario pueda informar en un solo día, cuando las alegaciones de los interesados implican un importante volumen de documentación y pruebas documentales que tendrá que analizar. Fuentes próximas al grupo de Muíños entienden que los cargos orgánicos del partido deberían tener una actitud más «prudente e respectuosa» con el procedimiento administrativo y las garantías para los alegantes.