El BNG de Santiago intenta sofocar la crisis con el PSOE con un pleno extraordinario

Goretti Sanmartín no esperará al próximo pleno ordinario para discernir el futuro en el Concello de los cuatro concejales expulsados del PSOE y que todavía continúan formando parte del grupo socialista pese a que su desvinculación del partido es firme desde mediados de marzo, como se le certificó a Raxoi a finales de ese mismo mes a requerimiento de la propia Administración local. Después del profundo malestar manifestado por esa formación por que la cuestión no se haya resuelto en el pleno de anteayer, la alcaldesa anunciaba ayer que tan pronto como esté concluido el proceso para que Gonzalo Muíños, Mercedes Rosón, Mila Castro y Marta Álvarez pasen a la condición de concejales no adscritos, se convocará un pleno extraordinario.

La nacionalista trataba así de aplacar el enfado en el seno del PSOE, que no solo evidenció su malestar a través de la ausencia en el pleno del jueves de los dos concejales que mantiene la formación, sino que advirtió de que estaba dispuesto a abrir la vía judicial si el Concello seguía dilatando la posibilidad de que pudiese configurar su nuevo grupo político con Sindo Guinarte y Marta Abal, los dos ediles que le quedan tras expulsar a los otros cuatro.

El PSOE contaba con que la formalización de la salida de su grupo de los cuatro sancionados se produjese en el pleno de anteayer. Pero no fue así, lo que abrió la caja de los truenos en la agrupación local socialista, que dirige Aitor Bouza, y desde la que, advierten, ahora mismo las relaciones con el gobierno municipal están rotas. Para la formación que gobernó la ciudad durante buena parte de la etapa democrática, no es de recibo la dilación del procedimiento para separar a los expulsados de su grupo, una dilación que no achacan precisamente a cuestiones jurídicas, sino políticas.

El PSOE presiona al BNG por la situación de sus expulsados y no asiste al pleno

R. M.

Lo dejaron claro en la nota en la que justificaron su ausencia en el pleno y así lo mantiene Bouza, quien afirma que su formación ha mostrado mucha paciencia, pero que ya no están dispuestos a que la conformación de su nuevo grupo se dilate más. Así se lo advertían a la alcaldesa en el escrito que el partido le remitió el martes, después de ver que el pase de los expulsados a la condición de concejales no adscritos no se había incluido en el orden del día del último pleno ordinario. El PSOE no solo indicaba a la regidora que esta situación estaba vulnerando «os dereitos fundamentais» de su formación política, sino que le advertía que de no proceder a repararse esa situación «de maneira inmediata» se verían «na obriga de recorrer de seguido á vía xudicial» en la defensa de sus derechos.

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Estrita imparcialidade

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La alcaldesa insistía ayer en que el gobierno ha garantizado con «extremo respecto» los derechos políticos de todos los concejales y sin ninguna «inxerencia», por lo que no caben lecturas, reiteró, «de parcialidade». Al contrario, dijo, el gobierno «continuará mantendo a máis estrita imparcialidade e ofrecendo todas as garantías xurídicas para un procedemento que, en canto estea rematado, dará lugar a un pleno extraordinario». Un pleno que todavía no tiene fecha, porque depende de la conclusión de un procedimiento en el que, para los socialistas, no solo no era necesario el plazo de audiencia de diez días otorgado a los expulsados (cuando ya lo tuvieron en el propio proceso interno), sino que no se le llegó a notificar al partido, como parte interesada, lo que les hubiese permitido recurrir cualquier decisión que entendiesen «que ía en contra dos nosos dereitos fundamentais».

Polémica con las notificaciones

Así lo exponen en el citado escrito dirigido a la alcaldesa, en el que aportan una sentencia que indica que no es necesaria esa audiencia previa, pero en el que también califican de «altamente curiosa» la forma de notificación de esa audiencia a los expulsados, toda vez que les permitió decidir «cando recoller as notificacións», lo que dilató más el proceso. De hecho, según reconoció el gobierno local anteayer, los afectados recogieron la notificación en diferentes fechas, lo que hizo que el plazo de audiencia para el primero de ellos concluyese el 16 de marzo y para Muíños, el 22. Y eso cuando tres de los interesados «traballan no Concello», con lo que pudieron ser notificados directamente, defienden desde el PSOE.

Con todo, los socialistas afirman que no pusieron ningún reparo para no entorpecer ni dilatar más la tramitación del procedimiento, pero también exponían en ese escrito, y así lo reitera su secretario general local, que la «excesiva procura de garantías para unha das partes está a provocar a vulneración dos dereitos da outra, neste caso desta formación».

El secretario tiene diez días hábiles para informar tras el trámite de audiencia

 

 

La propuesta para el pase de los expulsados del PSOE a la condición de ediles no adscritos depende del informe que ha de realizar el secretario del Concello tras el período de audiencia. Dispone para ello de diez días hábiles, aunque no tiene por qué agotarlos. Diez días que contarían desde el 23, el día siguiente al término del plazo de audiencia de Muíños, el actual portavoz municipal del grupo socialista. Salvo complicaciones en el proceso, el pleno extraordinario que ha de poner fin a la crisis en el seno del PSOE —habrá que ver si también a la que esta situación ha abierto entre el partido opositor y el BNG— debería celebrarse en la primera quincena de mayo. De optarse por el ordinario, que ya no será el caso a tenor del anuncio realizado ayer por la alcaldesa, la crisis se prolongaría todavía hasta el 3 de junio, pues el pleno de mayo, que coincidiría con el día de la Ascensión, se ha desplazado a esa fecha.

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