El gobierno precisa tanto de ellos como del PSOE para la gobernabilidad
18 may 2025 . Actualizado a las 21:01 h.Los cuatro concejales no adscritos parecen tener toda la intención de seguir funcionando como grupo y de proclamar su condición socialista, aunque no puedan utilizar las siglas del PSOE. Está por ver en qué derivará su situación una vez que se conozca la resolución judicial sobre la petición de medidas cautelares contra su expulsión del grupo municipal socialista, pero, de momento, todo apunta a que tienen intención de trabajar unidos, como grupo, aunque oficialmente no puedan constituir uno propio dentro de la corporación local.
En buena medida, lo dejaron entrever en el pleno de anteayer, en el que se dio por consumado el divorcio que siguió a la votación de la ordenanza de las viviendas de uso turístico (VUT) hace prácticamente un año y que derivó en la expulsión del partido de cuatro de sus seis concejales. El grupo municipal rompió entonces la disciplina de voto impuesta por su ejecutiva local (la abstención) y dio su aprobación a la iniciativa del bipartito que desarrollaba un aspecto de la modificación del Plan Xeral de Ordenación Municipal impulsada por el PSOE en el mandato anterior, justamente para regular la implantación de las VUT. La abstención supondría el rechazo de aquella ordenanza, al dejar al gobierno (8 ediles) en clara minoría ante el PP (11).
El tiempo dirá si se mantiene esa camaradería, pero anteayer dieron cuenta de la intención de esa unidad al concentrar en la voz de Gonzalo Muíños, su portavoz hasta ahora bajo las siglas del PSOE, la intervención en la que cuestionaron tanto la decisión de la alcaldesa de no esperar a que la Justicia decidiese sobre las medidas cautelares, como las limitaciones para incorporarse a buena parte de los órganos y consejos municipales de participación. Pudieron dividirse los cinco minutos de intervención, como dejó claro la alcaldesa, después de que Borja Verea (PP) preguntase por cómo se iban a regular a partir de ahora sus tiempos de intervención. Pero no lo hicieron.
Fuera de la junta de portavoces
Pasada esa sesión, el tema planteado por el popular se tratará ahora en la junta de portavoces, en la que ya no estarán los no adscritos, pero, al margen de lo que decida esta, todo apunta a que, al menos inicialmente, seguirán manteniendo su posición en los plenos con una sola voz. No tiene por qué ser la misma en todas las sesiones, sino en función del tema que se trate, según la dinámica habitual de cualquier grupo.
Con dos años de mandato por delante, y sin una formación detrás que marque líneas programáticas ni posicionamientos expresos ante los debates plenarios, es posible que esa sintonía se resienta en temas puntuales o incluso que llegue a resquebrajarse. Pero, de momento, no es eso lo que transmiten, ni lo que quieren transmitir, sino unidad. Unidad frente al partido del que se consideran injustamente apartados, y frente a un gobierno que sabe que los necesita. Porque, ya sea en conjunto o individualmente, Goretti Sanmartín los necesita tanto como a los 2 ediles del PSOE para asegurar la gobernabilidad.
Es cierto que, ante una acción individualizada de los no adscritos, le llegaría con solo tres de ellos, o con dos, incluso con uno, en función de las mayorías que precisen los acuerdos plenarios. Siempre que tenga el respaldo del PSOE (2 ediles), al gobierno (8) le llegaría con dos no adscritos (y la abstención de los otros) para contrarrestar los 11 votos del PP en los asuntos de mayoría simple. Incluso con uno, aunque ahí la alcaldesa ya tendría que hacer valer su voto de calidad. Para las mayorías absolutas precisa al menos de tres, junto al PSOE, para imponerse al PP.
Esa aritmética confiere a la unidad de los no adscritos un músculo frente al gobierno que no tendrían individualmente. Y al ejecutivo le facilitaría la comunicación y le evitaría el desgaste de tener que negociar individualmente con los cuatro su apoyo para cada asunto plenario. Inicialmente, entre los objetivos de los no adscritos estaría el que se les facilitase un local en Raxoi. La normativa dice que no tienen derecho a él, pero eso no implica necesariamente una prohibición.