Familias del colegio Trisquel denuncian el uso irregular del centro por refugiados
SANTIAGO
Reclaman el cumplimiento de la normativa educativa y sanitaria
10 jun 2025 . Actualizado a las 09:22 h.Lejos de solucionarse, el conflicto en las antiguas instalaciones del colegio Juniors continúa enquistado. Las familias de los alumnos del colegio Trisquel reclaman a las Administraciones estatal, gallega y local que actúen, y que lo hagan con celeridad. El colectivo de los padres comparecieron para insistir en que el enfrentamiento entre los representantes de la propiedad de las instalaciones, la oenegé Rescate, que tiene acogidos en parte de las instalaciones del centro a 130 refugiados, la empresa de deportes y ocio que desarrolla actividades en el lugar y la comunidad educativa hay dos colectivos vulnerables. Uno son los menores del colegio y el otro, los migrantes.
Los padres presentaron escritos en el Concello de Santiago para que se inspeccionen las licencias de actividad «da empresa D´ocio e comprobe se cumpren todos os requisitos legais para o desenvolvemento das actividades que anuncia», y al mismo tiempo, piden que compruebe el planeamiento urbanístico, ya que consideran que no pueden ser utilizadas como vivienda por la oenegé. De acuerdo a sus informaciones, se trata de un terreno rústico, que solo tiene licencia para un uso educativo. Lamentaron que desde el departamento de Disciplina Urbanística del Concello nadie se haya puesto en contacto con su representante legal ni con ellos. Aseguran que los «únicos que tienen las licencias y permisos en regla es Trisquel», mientras que los demás hacen un uso «irregular».
Además, presentaron denuncia ante el Tribunal de Cuentas contra la oenegé Rescate, para que se compruebe el correcto uso de las subvenciones que recibe la organización, y que debería ofrecer unas «condiciones dignas de salubridad» para los refugiados. Los padres recordaron que hay unos «130 migrantes y solo 20 habitaciones. Las cuentas no salen», apuntó la abogada de los padres, que también tiene alumnos en el colegio. Denunciaron que durante «cuatro meses, los migrantes estuvieron sin agua caliente ni calefacción», indicaron los padres.
Se denunció la situación ante las consellerías de Educación, Política Social y Sanidade para «velar polo cumprimento da normativa relativa á espazos educativos» y para garantizar que se «ofrece seguridade sanitaria á comunidade educativa». Las familias de alumnos del Trisquel indicaron que, de acuerdo con el contrato del colegio, el centro tienen uso exclusivo de una parte de las instalaciones del antiguo Juniors entre las 8.30 y las 16.30 horas de lunes a viernes. Sin embargo, a diario, en las dependencias del colegio acceden adultos «no solo migrantes, sino también trabajadores de la oenegé, el que dice ser representante de la propiedad y el de la empresa de ocio». Los padres apuntaron que la normativa impide el acceso a adultos: «Como padre, no puedo pasearme por el colegio cuando quiera, pero otros lo hacen a diario», indicó Xabier Estévez, en representación de los padres de alumnos. El colectivo rechaza las acusaciones de racismo, porque insisten en que «non estariamos nesta situación se estiveran separadas ambas dependencias» y se protegieran los derechos de los menores.
Indicaron que la inspección educativa realizó una visita al colegio, y se comprobó que cumple todas las normativas de educación y cuenta con todos los permisos necesarios. Por ahora, el único movimiento ha sido la comunicación hecha desde la Delegación del Gobierno, en la que se pone el 1 de septiembre como límite para que se materialice la separación entre la zona escolar, la de los refugiados y las actividades de ocio. Los padres tienen previsto ponerse en contacto con el banco que será el nuevo propietario del inmueble cuando se resuelvan los trámites del concurso de acreedores, para que conozcan la situación.
Detectan un brote de sarna tras salir a la luz hace unos meses otro de tuberculosis
Los padres de alumnos apuntaron que, además de incumplirse la normativa de protección de los menores, la comunidad educativa y los propios migrantes están sometidos a un riesgo sanitario diario. Si hace unos meses se enteraron de que había un brote de tuberculosis entre los refugiados, que terminó contagiando a personas de la comunidad educativa, recientemente han conocido que hay un brote de sarna. Esta circunstancia les hace pensar que las condiciones de salubridad no son las más idóneas.
Una de las cuestiones que preocupa a los padres es la instalación, sin permiso de los padres, de cámaras de vigilancia supuestamente por la empresa D`ocio, que tiene un contrato con la propiedad. Esta misma empresa, según los padres, dio alojamiento «a un grupo de trabajadores en varias pequeñas cabañas», y en una de ellas se produjo un incendio tras instalar una cocina, causando daños a las dependencias del colegio «que no fueron subsanadas».
Los padres apuntaron que, por las declaraciones del actual representante de la propiedad, su intención es la de expulsar al colegio que tiene contrato en vigor hasta el 2030, para crear un centro de formación profesional para inmigrantes, «concepto xa de por si discriminatorio», y que en su opinión deja a la vista un clara intencionalidad de «acoso inmobiliario».
Por si fuera poco, hace unos días se denunció ante la Policía Nacional al actual representante de la propiedad y al gerente de la empresa deportiva por «invadir o espazo escolar impunemente e de xeito agresivo».