El pleno del Concello de Santiago vuelve a bloquear el pago de 1,3 millones de euros en facturas a proveedores

Los votos favorables de BNG (6), Compostela Aberta (2) y PSOE (2) no fueron suficientes para desbloquear el pago de 1,3 millones de euros que el Concello de Santiago adeuda a proveedores. Como ocurrió en el pleno de noviembre, en el que también se discutió esta cuestión, PP (11) y el grupo de no adscritos (4) no se movieron un ápice de sus planteamientos: los primeros dudaron de la legalidad del pago de 26 facturas a Viaqua, por importe de unos 990.000 euros; mientras que los segundos pidieron a la alcaldesa, Goretti Sanmartín, que separara esa cantidad de los casi 400.000 restantes, que corresponden con deudas menores a autónomos y otras empresas. Sin cambios de última hora, el resultado fue el mismo que hace semanas: 119 cuentas seguirán sin abonarse. 

Antes de llegar a esa votación, el edil de Facenda, Manuel César, solicitó el apoyo de los grupos para desbloquear el expediente. Como primera respuesta se encontró con el rechazo del portavoz de los no adscritos, Gonzalo Muíños, que acusó al ejecutivo local de convertir este punto en una cuestión política y recordó a Sanmartín que el BNG, durante el último mandato de Xosé Sánchez Bugallo, no había facilitado este tipo de pagos. «Que as votacións das facturas non sexan independentes é unha decisión política. Non lles compensa traer cinco puntos de facturas pendentes», apuntó Muíños. La siguiente en tomar la palabra fue su vieja compañera de filas, Marta Abal, con la que más tarde tendría un acalorado rifirrafe. Ella sí se posicionó de parte del gobierno local tras afirmar que «todos somos responsables de que se lles pague aos provedores, está na nosa man». Dijo que quedaba acreditado que los trabajos se habían realizado, por lo que «non nos podemos arriscar a que as facturas caian». 

Por parte del PP habló la concejala Rosario Ferreiro, que recordó que su partido no se fía de que el pago de 990.000 euros a Viaqua se ajuste a la legalidad. «Faise un uso abusivo dos contratos menores», criticó también, a la vez que dijo que el ejecutivo no respeta, sistemáticamente, la normativa de contratación. Recordó que parte de las facturas del «premio de cobranza» de la tasa de basura a Viaqua procedían del último ejecutivo del PSOE, ya que van del 2021 hasta este 2025. Tras ella retomó la palabra Manuel César, que defendió que PSOE y PP habían llevado este tipo de expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito a pleno mientras gobernaban. «Agora din que é un politiqueo pagalas», aseveró el nacionalista, que puntualizó que siempre se habían sacado adelante. Cerró comentando que en los últimos días habían recibido a proveedores preguntando por qué no se pagaban sus facturas: «Explicámoslles que non temos o apoio do pleno». 

No le sirvieron las explicaciones a Muíños, que volvió a incidir en que el gobierno busca culpar a no adscritos y al PP: «Cada un debe facerse responsable das súas miserias». Sus palabras más duras no se dirigieron al BNG, sino que fueron para su excompañera, Marta Abal, a la que pidió que no les diera lecciones de como hacer oposición: «Entendo que vostede estea moi preocupada por este expediente». La acusó de carecer de principios y de ansia de crecer políticamente y dijo que las facturas pendientes desde el último mandato de Sánchez Bugallo eran responsabilidad suya: «Aínda con todo, este goberno logrou traer estas facturas ao pleno, que é máis do que fixo vostede». Abal pidió «deixar de lado os rancores e preocúpense de defender o interese xeral do Concello de Santiago». Afirmó que el visto bueno del pago no correspondía solo a Tesourería, que ella dirigía, sino también a Servizos Básicos, de ahí trasladara ese expediente al alcalde: «As cousas hai que contalas como son». 

Tras el rifirrafe entre dos viejos compañeros de filas, hoy separados por más que un puñado de asientos del salón plenario, Verea volvió a cargar contra el gobierno local: «Vaia espectáculo, vaia teatro, vaia irresponsabilidade de BNG, Compostela Aberta e PSOE. Sanmartín, a súa irresponsabilidade parece non ter límite». Citó al recientemente fallecido Roberto Iniesta para asegurar que el salón plenario le recordaba a esas «llanuras bélicas y páramos de asceta» y la acusó de llevar a debate un tema sobre el que no contaba con los apoyos suficientes: «Non ten nin o dos seus propios socios, nin dos que a fixeron alcaldesa». «O que non foron capaces de facer en catro anos, non o queiran facer en 15 días. Pediremos tódolos informes xurídicos necesarios», reiteró el líder popular. Tras él tomó la palabra Sanmartín, que dijo que «este non é un debate partidario, non é un debate ideolóxico, senón que é unha cuestión administrativa». Afirmó que el BNG siempre había facilitado que se abonaran este tipo de facturas y que los trabajos se habían realizado, de ahí que «temos a obriga de favorecer este pagamento».

Tras dar la palabra al secretario municipal, que afirmó que los proveedores podrían llevar al Concello ante los tribunales para obligarlo a pagar, la regidora dio diez minutos de receso antes de la votación. A la vuelta, Verea le preguntó al funcionario si tenían obligación de votar a favor o abstenerse, a lo que le respondió que poseían total libertad de hacer lo que considerasen. Muíños criticó el parón y volvió a insistir en votar las facturas de manera separada. No hubo cambio alguno de última hora. Tampoco se llegó a un resultado diferente al del pleno de noviembre: las 119 facturas seguirán, de momento, sin pagar.

Apoyo unánime de la corporación al traspaso de la UMAD al Sergas

La Unidade Municipal de Atención a Drogodependentes (UMAD) pasará, a partir del 1 de enero del 2026, a formar parte del Sergas. Así lo confirmó la corporación de Santiago durante el pleno extraordinario de este miércoles. BNG, Compostela Aberta, PSOE, PP y no adscritos votaron a favor de la medida, aunque no sin que antes la oposición afeara la gestión de las negociaciones por parte del ejecutivo municipal.

De defender el traspaso se encargó Pilar Lueiro, responsable política de la UMAD, que negó que los trabajadores no tuvieran información por parte de Raxoi sobre el proceso. Criticó que la comisión mixta que dirigió la integración —conformada por Sergas, Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) y algunos de los ayuntamientos afectados— también pasó por encima del Concello de Santiago y lamentó que apenas les había facilitado datos definitivos.

Antes de mostrar su parecer, la edila no adscrita, Marta Álvarez, aprovechó para lanzar una pulla al PSOE por las denuncias por presunto acoso sexual dirigidas contra José Tomé, sobre lo que mostró «a dignidade que se sente ao non ter unha siglas detrás». Tras golpear verbalmente a su antiguo partido, se dirigió a Lueiro, a la que le espetó que el proceso de integración había sido «deficiente». En términos parecidos se expresó Marta Abal, del PSOE, que señaló al ejecutivo de Sanmartín por su «excelente habilidade para tensionar a organización municipal de modo innecesario» y lamentó que Santiago sea el único ayuntamiento con problemas con los profesionales del servicio.

Desde el PP, Yolanda Otero incidió en la misma idea, y recordó que la propia CIG, sindicato vinculado al BNG, había calificado la gestión de Raxoi de «despropósito». Tras ellos volvió a tomar la palabra Pilar Lueiro, que insistió en que el «diálogo nunca faltou cos traballadores». Precisó que mantendrán sus condiciones de trabajo y que siempre les remitieron toda la información a la que tuvieron acceso.

Con el traspaso aprobado de manera unánime, se informó que el servicio seguirá ofreciéndose en el edificio actual de la UMAD, en Salgueiriños, para lo que se llevará a cabo una adscripción provisional con el Sergas.

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