Santiago de Compostela

Los ignominiosos tiempos de la barra libre total para los okupas parecen estar tocando a su fin en España. La Fiscalía General del Estado acaba de dictar instrucciones para que los usurpadores de viviendas sea expulsados de ellas «con la mayor inmediatez» para poder devolvérselas a sus legítimos propietarios mientras se dirime el asunto en los juzgados sin que tengan que sufrir un calvario que puede prolongarse durante unos dos años. En Santiago, al paso al frente que se está empezando a dar en la Justicia se le une la determinación con la que están abordando el asunto el nuevo comisario de la Policía Nacional, Cástor Vázquez, y el alcalde, Xosé Sánchez Bugallo (PSdeG-PSOE), que tras la primera reunión institucional que mantuvieron una vez nombrado el jefe local del CNP decidieron lanzar un operativo conjunto para incrementar la vigilancia en los barrios que más sufren este problema: Pelamios, Belvís y el Pexigo.

La primera fase de esa gran operación contra los okupas en Santiago ya está en marcha en Pelamios. El comisario compostelano convocó una reunión con los vecinos del barrio a la que asistieron el concejal de Seguridade Cidadá, Gonzalo Muíños, y el jefe de la Policía Local de Santiago, José Ramón Silva. En aquel encuentro, los representantes vecinales explicaron que, además de la propia okupación de pisos en la zona, la presencia de este colectivo causaba muchos otros problemas. Por ejemplo, porque estacionan sus coches de modo indebido, pero también porque hay constantes discusiones a cualquier hora del día y de la noche y también tiran basura y suciedad, lo que está deteriorando la imagen de su comunidad.

La decisión que se tomó en aquella reunión fue enviar patrullas conjuntas de la Policía Nacional y de la Local para incrementar la presión sobre los okupas y evitar que los vecinos sufran sus desmanes —algunos relacionados con el trapicheo de drogas— mientras el asunto no se resuelve en los juzgados.

La siguiente fase de la operación contra los okupas que han lanzado desde la comisaría y el Concello es Belvís y la Rúa de San Pedro. Para principios de octubre está previsto que a los vecinos de esta zona de la ciudad se les convoque a una reunión como la que se celebró con los de Pelamios para escuchar de primera mano sus demandas, quejas y necesidades.

Seguro que en ese encuentro, además de los problemas derivados de la presencia de okupas, también se hablará de los últimos robos que se han producido en San Pedro. El último lo sufrió esta semana la entidad cultural Unitaria, que organiza talleres y eventos, pero los vecinos aseguran que en tan solo un mes se han producido sucesos idénticos en el colegio Alborada y en el centro juvenil Don Bosco.

A través de su perfil de la red social Twitter, la asociación de vecinos A Xuntanza, de San Pedro, pedía explicaciones al Concello, a la Delegación del Gobierno, la Policía Nacional y al propio concejal de Seguridade Cidadá, Gonzalo Muíños, asegurando: «Levamos anos denunciando un trapicheo que estaría erradicado se fora na zona turística. Temos dereito á tranquilidade nas nosas rúas e negocios. Sentímonos abandonadas e impotentes».

Las nuevas instrucciones de la Fiscalía no afectan a okupaciones del tipo de la sala Yago

La nueva instrucción que ha dado la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, a todos los fiscales de España les insta a solicitar el desalojo como medida cautelar ante las okupaciones de viviendas siempre y cuando sean la residencia principal del propietario o una segunda residencia.

Este tipo de usurpaciones son las más sangrantes. En Santiago, la gran mayoría no afectan a primeras residencias, sino que se trata de pisos que sus propietarios dedican al alquiler, por lo que la okupación no solo les supone un problema que afecta a su tranquilidad personal, sino que les priva de una renta mensual básica para sus economías. Esta por ver si los fiscales también incluyen a estos casos en su nueva política de mano dura para atajar un asunto que se ha convertido en una gran preocupación entre los ciudadanos, que han comenzado a organizarse para echar de sus barrios a los okupas.

Por contra, no parece que las nuevas instrucciones que han recibido las fiscalías territoriales vayan a afectar a otro tipo de okupación que también existe en Compostela y que durante mucho tiempo, no en la actualidad, fue el mayor exponente de este problema: el de las usurpaciones de edificios emblemáticos con fines políticos por grupos que decían utilizar los inmuebles para actividades culturales con el fin de recuperarlos para el uso público. Fue el caso de la sala Yago, en la Rúa do Vilar, que tuvo que ser desalojada por la Policía Nacional. Y también, más recientemente, del palacete de la Algalia en el que se instaló el colectivo Escarnio e Maldizer hasta que también fue expulsado, aunque después volvió a apropiarse del emblemático inmueble.

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Tras Pelamios, la Policía pone ahora el foco en los okupas de Belvís y San Pedro