No hace falta esperar a los cien días de cortesía para ver por dónde van a ir los derroteros de la radicalmente nueva etapa de gobierno de Santiago con el BNG al frente. De seguir así, no va a deparar nada bueno para la ciudad, que necesita como agua de mayo cambiar el rumbo hacia una gestión eficiente que dé rendimientos palpables a los compostelanos después de demasiados años perdidos o en línea plana. Santiago no puede ser el escenario de una batalla política entre un partido que quiere utilizar el ala derecha del pazo de Raxoi como laboratorio y demostración de lo que es capaz para Galicia, y otro, el PP, que viéndolo como una posible amenaza tenga la tentación de aplicar la política de «ni agua».
Esto último no va a ocurrir, porque los compostelanos tienen los mismos derechos ante todas las administraciones que los vecinos de cualquier otra ciudad, villa o aldea, gobierne quien la gobierne. Pero tampoco van a volver ahora aquellos tiempos tan positivos en los que la querencia por Compostela se demostraba en un trabajo conjunto entre Concello y Xunta, con sus más y también con sus menos, pero donde el interés por el progreso de la ciudad bandera de Galicia para España y el mundo lo podía todo y con la herramienta del consenso para la toma de decisiones.
Vamos a estar a años luz. Prima la política del choque, como demuestra que, a las primeras de cambio, se hayan perdido las formas, si es que hubo intención de que hubiese formas. El gobierno de Goretti Sanmartín, o de quien sea el control, ha dejado de lado la institucionalidad: era obvio en la ofrenda al Apóstol, dio un paso más al saltarse el consenso municipal con el acto cívico Alba de Compostela y perseveró en su prioridad de imponer ideología al cargarse la interpretación del himno español en el Día de Padrón en Santiago: sí, ya se sabe que la ley no obliga a que suene, pero sobran excusas y falta reconocimiento de que esa música provoca sarpullido en quienes gobiernan con poco más de once mil votos y seis concejales una ciudad de cincuenta mil votantes, el doble de vecinos y veinticinco ediles. Un comienzo equivocado, el principio del fin (segundo capítulo).
Y además las formas fallan por las dos partes: no es normal que un tema de la trascendencia de la tasa turística, de la que llevamos hablando ocho años, se le envíe al presidente de la Xunta así, de sopetón, como tirándosela a la cara, un día de agosto cuando el casco histórico arde por los cuatro costados con el abarrote y algunos desmanes turísticos. Por mucho que el mandatario gallego la hubiese reclamado. Es obvio que hay diferencias de criterio sobre el modelo turístico pero, seamos claros, el Concello hasta ahora no había hecho de ello un casus belli, seguramente porque a la ciudad, en términos económicos y de empleo, le ha ido bien así. Este es un tema, entre otros prioritarios, para hablarlo cara a cara cuando el presidente de la Xunta se digne recibir a la alcaldesa, y esperemos que no la ponga al final de la cola, porque, a fin de cuentas, es la alcaldesa de todos los compostelanos, aunque no lo parezca por las actitudes de su gobierno.
Otra de esas prioridades ha de ser el párking del Clínico, y ahí suenan chirridos políticos por encima de la demanda abrumadora, por parte de los ciudadanos —y no solo los vecinos de Santiago son usuarios—, de una solución sin demora frente a una injusticia que se remonta a una mala planificación, de origen, de ese hospital. Que desde San Caetano se diga que el ofrecimiento por parte del Concello de una parcela es una «ocurrencia y un parche» demuestra el mal rollo que hay. Vale, cuando Bugallo dio ese paso a finales del anterior mandato pudo haber mucho de arma de presión frente a la Xunta, pero algo había que hacer. Ahora Goretti se ha limitado a ampliar seis meses el plazo de vigencia de la cesión.
Los problemas de los compostelanos no se van a resolver con palabras altisonantes, sino con diálogo y búsqueda de acuerdos. Lejos estamos. O eso parece.