Juzgan a tres acusados de simular contratos para no pagar la deuda a una comunidad de la avenida de Barcelona de Santiago
SANTIAGO CIUDAD
La Fiscalía pide penas que van de los cuatro a los dos años y medio de prisión
10 feb 2024 . Actualizado a las 11:51 h.La sección de la Audiencia Provincial con sede en Santiago va a juzgar a tres acusados de simulación de contratos para llevar a cabo una insolvencia punible y no pagar las cantidades que se adeudaban a la comunidad de propietarios del número 31 de la avenida de Barcelona. La Fiscalía solicita dos años y medio de cárcel para uno de los procesados y cuatro para los otros dos, además de una multa de 3.000 euros para cada uno de ellos.
Los hechos se remontan al momento en el que una empresa inmobiliaria promovió el edificio en la avenida de Barcelona y quedó como dueña de varios pisos y plazas de garaje. La comunidad de propietarios se constituyó a finales del 2009 y la empresa dejó impagadas sus cuotas desde el principio, de forma que en la liquidación del 18 de abril del 2017 adeudaba 36.297,03 euros.
Según explica el fiscal en su escrito de acusación, la comunidad intentó cobrar a través de varios procedimientos judiciales, pero con resultado infructuoso, por lo que acabó instando la declaración de concurso de la sociedad mercantil, trámite que se activó por auto del 15 de diciembre del 2017 del Juzgado de lo Mercantil número 2 de A Coruña.
Por el camino, dos hermanos y otro de los acusados tomaron el control de la empresa pagando tan solo 2.500 euros, dado que la sociedad estaba en mala situación económica. Desde entonces, señala la Fiscalía, uno de ellos ha sido el administrador de derecho. Otro de los encausados se dedicaba, entre otras actividades, a asesorar a empresas en crisis y pasó a ser el que, de hecho, llevaba las riendas de la sociedad, siempre según el ministerio público.
Así lo entiende la acusación, que señala a este acusado como el que durante varios años administró los diez pisos que la inmobiliaria tenía en el edificio y ha estado percibiendo una cantidad indeterminada por alquilarlos tanto en la modalidad de a largo plazo como en la de alquiler turístico por días. «No consta la cifra que ha llegado a ingresar, pero sí que no se destinaba nada del producto que estuvo percibiendo a pagar lo que debían a la comunidad», recoge la Fiscalía.
Ante esta situación, la comunidad de propietarios llegó incluso a contratar a un detective privado que presentó un informe de cómo estaban actuando los acusados.
Además, añade el fiscal, con la finalidad de eludir que la comunidad consiguiera en vía judicial la ejecución de su crédito, y con ello perjudicar también a los demás interesados en el concurso, uno de los acusados creó presuntamente documentos en connivencia con su hermano para presentarse en el juzgado y oponerse a esta pretensión.