Vuelven a intentar juzgar en Santiago a un grupo acusado de explotar y prostituir a mujeres nigerianas
SANTIAGO CIUDAD
La Fiscalía pide penas de entre un año y medio y trece años de prisión para los siete hombres y mujeres que se sentarán en el banquillo
08 nov 2024 . Actualizado a las 19:33 h.La sección compostelana de la Audiencia Provincial volverá a intentar juzgar la semana que viene a un grupo criminal acusado de trata de seres humanos. La primera vez que se señaló esta vista oral fue en febrero del año pasado, pero finalmente no se pudo celebrar y ahora vuelve a fijarse fecha para los días 12, 13, 14 y 15. En total hay siete acusados, todos ellos hombres y mujeres de Benín City, en Nigeria, a los que la Fiscalía solicita penas que van desde un año y medio a 13 años de prisión.
En su escrito de acusación, el ministerio público considera que los siete procesados formaron parte de un grupo criminal que, de manera sostenida, coordinada y con ánimo de lucro, llevaron a cabo actividades relacionadas con la «inmigración irregular» de personas provenientes del país africano.
En este sentido, el modo en que presuntamente operaba la banda era aprovecharse de compatriotas que estaban desesperados por salir del país para ganarse la vida. Habrían facilitado o ejecutado ellos mismos el traslado a España proporcionándoles alojamiento y entregándoles documentación con la que ofrecer una imagen de legalidad que les permitía encontrar trabajos u obtener beneficios sociales. Además, habrían presionado a al menos una mujer para que ejerciera la prostitución con el fin de pagarles la supuesta deuda que había contraído con la organización.
Esta víctima, que ahora es testigo protegida, llegó a Italia en una balsa junto a 160 personas más, después pasó por Madrid donde presuntamente la presionaron para que se prostituyese para devolverles el dinero que le aseguraron que les debía. En su trágico periplo acabó en A Coruña y después en Santiago. En ambas ciudades llevó a cabo las mismas actividades, aunque en mejores condiciones. Tras devolverles 4.000 euros, entró en contacto con un programa de orientación y ayuda y en mayo del 2018 se animó a presentar denuncia.