Stop Desahucios trabaja en diez casos en el área compostelana
24 sep 2015 . Actualizado a las 08:31 h.La plataforma Stop Desahucios trabaja directamente en diez casos de vecinos residentes en municipios del área de Santiago. Dos de ellos son de compostelanos y el resto son personas afincadas en Negreira, Padrón, Teo y hasta en Corcubión. María López, portavoz de la plataforma, sigue sintiendo la misma rabia que el primer día cuando habla del caso de Carlos, el vecino de Aríns que se quitó la vida un año después de haber sido desalojado de su casa, pero advierte que «non é o único caso». La indignación es aún mayor al conocerse ayer que el hombre que presuntamente habría estafado a la familia de Aríns está cumpliendo condena en una cárcel de Francia y «por iso non asistiu ao xuízo e pediu declarar por vídeo conferencia», explica María. «E pedimos a carta de antecedentes penais para coñecer a causa dese ingreso en prisión», apunta. López indicó que el abogado de la familia ya les comunicó que defenderá su caso «ata o final» y que lo hará gratuitamente.
Pero este es solo uno de los diez casos que se tramitan desde la plataforma. El otro de Santiago está motivando concentraciones delante de la sucursal del BBVA en A Senra desde hace varios días. La última fue ayer y volverán hoy. Desde Stop Desahucios explicaron que se trata de un hombre que compró un piso en Mallorca cuando trabajaba en la isla. En un principio recurrió a sus ahorros y a su prestación por desempleo para hacer frente al pago de la hipoteca, pero al quedarse sin recursos el banco, según explicaron fuentes de Stop Desahucios, le ofreció un préstamo personal para hacer frente a las cuotas pendientes. Para este préstamo tuvo como avalista a su padre, que tiene una pensión de 900 euros, de la que le restan cada mes 90 euros. Además, según la plataforma, por consejo de la directora del banco en Mallorca, se le sugirió que alquilara el piso para hacer frente a la hipoteca, que se le incrementó en 100 euros mensuales al no tener nómina domiciliada. Tras este acuerdo, volvió a Santiago con su madre, donde reside actualmente.
Ahora, ya sin recursos propios, José pide la dación en pago, que el banco está dispuesto a dar, siempre que se termine el contrato con el inquilino o, según otras fuentes, se presente un escrito que garantice que no se renovará el contrato de alquiler. El afectado pide que se suspenda la subasta del piso, prevista para el 7 de octubre, hasta que termine el contrato de alquiler, el 30 de noviembre. Desde la plataforma se indicó que los actuales inquilinos ofertaron 175.000 euros por el piso, que fueron rechazados ya que el afectado tendría que «pagar aínda 10.000 euros máis despois de darlle xa uns 100.000 euros ao banco».
Entre los otros casos en los que trabaja el colectivo destaca el de una familia de Negreira que se marchó a Venezuela y que pide que se retrase la venta del piso para sacar sus objetos. Y otro de Teo en el que se embargarán las viviendas de varias personas por las deudas de una empresa.