Polémica en Madrid al renovarse un convenio que incluye curas en los comités de ética hospitalarios
SOCIEDAD
El nivel de implicación de la Iglesia católica en las distintas instituciones sociales y políticas de un Estado laico como España ha vuelto a levantar la polémica en la Comunidad de Madrid. La revelación de que el Ejecutivo de Esperanza Aguirre ha renovado un convenio con el Arzobispado por el que los capellanes que asisten en los hospitales públicos de la región pueden formar parte del comité de ética y del equipo interdisciplinar de cuidados paliativos ha soliviantado los ánimos de los partidos de izquierda, así como de sindicatos y asociaciones.
El miedo a que las valoraciones morales puedan interferir cuando están en juego la dignidad y el sufrimiento de las personas ha hecho saltar las alarmas de las fuerzas progresistas de esta comunidad, que han anunciado todo tipo de medidas para evitar que la Iglesia católica pueda imponer su moral en situaciones personales de extrema delicadeza.
El punto que ha centrado la discordia es el segundo de la cláusula tercera del convenio firmado por el consejero de Sanidad, Juan José Güemes, y el arzobispo de Madrid, José María Rouco Varela, el pasado 2 de enero del 2008, que reza así: «El servicio de Asistencia Religiosa Católica, a través de sus legítimos representantes, formará parte del comité de ética y del equipo interdisciplinar de cuidados paliativos».
Esta potestad ha llevado a PSOE e IU a reclamar la «retirada inmediata» del convenio. Así, el secretario de Libertades Públicas socialista, Álvaro Cuesta, aseguró que es «una intromisión absolutamente intolerable», y anunció que llevará la medida a los tribunales. También puso los medios jurídicos de su partido a disposición de los profesionales y de los pacientes que se vean perjudicados por esta medida.
Por su parte, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Juan José Güemes, negó ayer que los miembros de la Iglesia católica, «ni nadie ajeno a la asistencia sanitaria», puedan tomar decisiones clínicas en los hospitales, y mucho menos en lo que se refiere a cuidados paliativos. También explicó que el convenio «no es nada nuevo», ya que simplemente se ha renovado el que se firmó en 1997, «que se ha vuelto a suscribir prácticamente en su literalidad diez años después», y que procede de otro firmado por el Gobierno socialista de Felipe González en 1985.
Además, Güemes aclaró que, a pesar de este acuerdo, es «prácticamente imposible» encontrar algún hospital público madrileño que tenga un sacerdote en su comité de ética, circunstancia que sí se produce en centros de Andalucía y Cataluña.