El juzgado número 53 de Madrid inicia las investigaciones, al igual que la Fiscalía y el Defensor del Pueblo
15 jul 2009 . Actualizado a las 02:00 h.El dolor y la rabia tenían destrozada ayer a la familia de Rayan, el bebé que perdió la vida el lunes en el Hospital Gregorio Marañón, de Madrid, por el error de una enfermera. Los abuelos, tíos y, en especial el padre, Mohamed El Huarachi, mostraron su pesar tanto en el Instituto Anatómico Forense, donde se le realizó la autopsia al pequeño, como en la mezquita, adonde lo trasladaron para ofrecerle un oficio religioso.
Jaime, uno de los tíos de Mohamed, confirmó que una vez que se proceda al entierro de Rayan, se interpondrán denuncias para pedir responsabilidades. Sin embargo, exculpó a la joven enfermera que atendió al pequeño: «La chica solo llevaba un día allí y no es responsable. Los responsables son los doctores que mandaban y no ella. Me imagino que lo estará pasando fatal. Vaya marrón que le ha caído». Sin embargo, el padre del niño, en declaraciones a Telecinco, afirmó: «Puede que sea un palo gordo para ella, pero yo no se lo perdono».
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, reconoció que, «a pesar de que la muerte se debió a un error humano, se produjeron una serie de fallos en cadena que habrá que investigar hasta el final, porque debe hacerse justicia».
El bebé fallecido será enterrado junto a su madre Dalila en la localidad marroquí de Mdiq. Para llevar a cabo el traslado, el rey de Marruecos, Mohamed VI, fletó ayer un avión militar.
Además de la investigación interna que ha abierto el Gregorio Marañón, el Juzgado número 53 de Madrid abrió diligencias previas sobre la muerte de Rayan, y se encontraba a la espera de los resultados de la autopsia. Aunque todavía no consta ninguna denuncia, el juez actuó de oficio.
La Fiscalía también abrió diligencias informativas y los datos se enviarán al juzgado que lleva la investigación. Además, el defensor del pueblo, Enrique Múgica, puso en marcha otra investigación, para lo que solicitó los datos a la Administración madrileña. Incluso la Organización Colegial de Enfermería (OCE) ha puesto en marcha una comisión de expertos que averiguará las circunstancias que han rodeado la muerte del bebé.
Todo hace indicar que el caso se tramitará en los tribunales por la vía penal, donde se deberá aclarar si se trata de una imprudencia profesional grave con el resultado de muerte o si se ha producido un homicidio. Causar la muerte de una persona por imprudencia grave está castigado con una pena de uno a cuatro años de prisión, según el artículo 142.1 del Código Penal. En caso de un homicidio, al no ser intencionado, se castiga con una pena menor, que podría ser hasta una inhabilitación de seis años.
En cuanto a la reclamación administrativa, la Comunidad de Madrid se verá obligada a pagar una indemnización de unos 200.000 euros, según ha ocurrido en casos parecidos.
La enfermera que cometió el error, una joven de 23 años que llevaba ocho meses en el hospital materno-infantil del centro sanitario, es la única separada cautelarmente del servicio, pues su compañera se ha reintegrado al trabajo a petición de la inspección sanitaria, porque estaba atendiendo una urgencia.