Gritos de «¡ladrones!» para Campanario y Jesulín

redacción / la voz

SOCIEDAD

La esposa del torero compareció en la Audiencia de Cádiz, implicada en una trama fraudulenta para obtener pensiones

12 abr 2011 . Actualizado a las 06:00 h.

Medio centenar de personas concentradas ante las puertas de la Audiencia Provincial de Cádiz recibieron con insultos y gritos de «¡ladrones!» a los acusados de la operación Karlos, una trama ideada para obtener pensiones fraudulentas. La vista oral comenzó en la tarde de ayer.

Pasadas las tres y media llegó María José Campanario, acompañada de su madre y su marido, el torero Jesulín de Ubrique. La multitud les gritó «¡ladrones!» y «¡vais a ir a Puerto II!». La mujer del diestro es una de las 25 personas acusadas de integrar una trama dedicada a obtener de forma fraudulenta pensiones por incapacidades laborales.

El Supremo estableció que el juicio se celebrase ante jueces profesionales y no ante un jurado popular, porque el delito principal, que arrastra al resto, es el de estafa, que no es competencia del jurado.

En su escrito de conclusiones provisionales, el fiscal explicó que Carlos Carretero, ex jefe de la policía municipal de Ubrique (Cádiz) ideó un plan para obtener dinero de personas a las que ofreció lograr de forma fraudulenta pensiones de incapacidad laboral o invalidez del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Para ello se puso de acuerdo con su amigo Francisco Casto Pérez, un inspector médico destinado en la Unidad Médica de Valoración de Incapacidades de la Junta de Andalucía, que tenía una situación «privilegiada» para tramitar altas y bajas en los expedientes de incapacidad laboral.

Entre las personas que obtuvieron la incapacidad laboral estaba Remedios Torres Jiménez, la madre de María José Campanario, que no trabajaba y tenía ya reconocida una minusvalía sin derecho a pensión.

La hija, que siempre ha mantenido que fue engañada y que es inocente, rechazó pactar su condena (cuatro años y medio de prisión) con el fiscal y aceptar su culpabilidad a cambio de reducirla a dos años, con lo que conseguiría que se le conmutara el ingreso en la cárcel.