Al Gobierno le salen cuentas. Al menos al Ministerio de Industria, que aseguró ayer en una nota que la anulación del proyecto Castor no solo supondrá un gasto, sino un ahorro para el sistema. En concreto de 110 millones de euros al año. El departamento de Jesús Soria explica que la incorporación de la planta al sistema gasista supondría una inversión de 210 millones de euros anuales, mientras que el coste de la hibernación se reduce a 100.
A quien no le salen las cuentas es a los ciudadanos, que culpan al Gobierno anterior del recargo que realizará en la factura del gas. Es el caso de la organización Facua-Consumidores en Acción, que se pregunta si la gestión de la Administración de Zapatero «fue mala por ineptitud o por desprecio a los ciudadanos». «Partimos de que se produjo una absoluta irresponsabilidad por parte del Gobierno anterior», ya que el contrato de Castor «acaba trasladando el riesgo a los ciudadanos», que asumen «una deuda ilegítima», zanjó el portavoz de la asociación, Rubén Sánchez.
En una línea similar se pronunció la eurodiputada de IU Marina Albiol, quien aseguró que la compensación a la empresa deberían pagarla «Zapatero, Camps, Soria y todos los que son responsables de esta situación».
«No los deberían pagar los ciudadanos en la factura del gas», explicó, sino aquellas personas que permitieron que se construyera el almacén «para beneficiar a Florentino Pérez, sin los estudios geológicos y medioambientales que tocaba hacer».