El gremio del taxi anuncia acciones legales masivas contra Uber, Cabify y el Estado español
SOCIEDAD
Denucian una estafa masiva, blanqueamiento de capitales, maquinación para manipular precios y fraude de Ley
30 ene 2019 . Actualizado a las 18:32 h.La guerra del taxi se trasladará a los tribunales. Lo ha confirmado esta mañana el portavoz de la Plataforma Integral del Taxi, Alberto Álvarez, acompañado por el juez Elpidio Silva en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas.
Aterrizaron en la capital comunitaria para trasladar sus quejas por la intrusión de las VTC, Uber y Cabify en su gremio y la supuesta inacción del Estado español a la hora de cumplir con su obligación de supervisar la concesión y uso de licencias a la flota de estas empresas. Aseguran que las autoridades españolas han violado la directiva europea Bolkestein, que excluye del ámbito de liberalización del transporte al taxi en su artículo 21. Es por ello que emprenderán acciones legales vía administrativa. De no llegar a un acuerdo sobre las indemnizaciones por su «responsabilidad patrimonial» en las pérdidas millonarias del sector, acudirán a la Audiencia Nacional.
Silva acusó a Uber y Cabify de desarrollar una «actividad de piratería consentida por las instituciones» y a los «ocho años de gobierno popular» de manipular el relato de la realidad haciendo creer a los usuarios que estas empresas podían prestar los mismos servicios que el sector del taxi reclama para sí.
Las acciones legales masivas apuntarán también a las plataformas. El gremio del taxi presentará mañana una demanda civil contra Uber y Cabify por competencia desleal ante los juzgados de lo Mercantil de Madrid. «Quieren quedarse con el monopolio del transporte urbano», aseguró Álvarez. Una ofensiva que culminará con una macroquerella contra «una trama de una serie de personas» relacionadas con estas empresas que supuestamente habrían cometido delitos de estafa masiva, blanqueamiento de capitales, maquinación para manipular precios y fraude de Ley. «La tecnología está muy bien para ayudar, pero no para someter a las personas. Las VTC y el taxi son muy diferentes entre ellos. Están haciendo nuestro trabajo y no se lo vamos a permitir», justificó el portavoz de Élite Taxi. El sector aplaude la iniciativa de la Generalitat de imponer restricciones a la actividad de todos los vehículos con licencia VTC, pero «no estamos del todo satisfechos», aseguran. El paquete de medidas incluye un tiempo mínimo de precontratación de 15 minutos, pudiendo elevarlo si las autoridades lo consideran necesario. También se les quitará el servicio de geolocalización para que los coches no salgan en la pantalla de la aplicación. Tampoco podrán captar clientes por la calle y deberán estacionar fuera de la vía pública. Unas condiciones draconianas que Uber y Cabify creen que dinamitarán la base de flotación de sus modelos de negocio. Ambas anunciaron la posibilidad de abandonar Cataluña llevándose por delante miles de despidos. Álvarez instó a la flota de ambas compañías a solicitar licencias de taxi y abrazar un «trabajo digno». «No es limitar el derecho, es definirlo», explicó Silva. Álvarez acusó a la la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia y a la autoridad catalana de competencia (ACCO) de ser el “brazo armado” de los lobbies VTC y anunció que no habrá tregua hasta conseguir que estas empresas queden excluidas del negocio: “Nos han secuestrado y ahora estamos rompiendo cadenas (…) No puede ser que con una autorización de ámbito nacional se les permita hacer transportes urbanos”, apostilló. Silva arremetió contra la ausencia de precios preestablecidos para la flota de estas empresas: «Diariamente se está expoliando al sector del taxi y se está engañando a los usuarios porque (Uber y Cabify) no ponen un precio transparente», alegó Silva.
Sus quejas no han encontrado el eco deseado en las instituciones europeas, donde se insiste en que este problema atañe a las autoridades nacionales. El juez granadino desdeñó el conocimiento de la legislación de la comisaria de Transportes, Violeta Bulc. La acusó de ignorar la directiva sobre liberalización del transporte y aseguró que la Unión Europea debería reaccionar al incumplimiento de España: «No sé qué conocimiento tiene esa política, pero yo llevo 40 años en esto y lo conozco», deslizó.
Los tambores de guerra resuenan en las calles y los juzgados. Bruselas y Madrid insisten en mirar para otro lado mientras el conflicto recrudece.
