María Luisa Carcedo, ministra de Sanidad: «Queremos eliminar el copago a los discapacitados»

R. DOMÍNGUEZ A CORUÑA / LA VOZ

SOCIEDAD

CESAR QUIAN

Aboga por un «ingreso mínimo vital» porque «es una temeridad mantener la cifra de pobreza infantil»

05 nov 2019 . Actualizado a las 14:07 h.

La ministra María Luisa Carcedo (Santa Bárbara, Asturias; 1953) apura la campaña y ayer mantuvo en A Coruña un encuentro con entidades sociosanitarias.

-En abril anunció que el dentista entraría en la sanidad pública.

-En la situación en la que estamos no tenemos capacidad, pero sí elaboramos ya un documento. Empezaríamos de forma progresiva por los niños, embarazadas y las personas con discapacidad.

-Y prometieron reproducción asistida para mujeres solas.

-El derecho va vinculado a la persona, independientemente de su condición social, personal o familiar. Sí, se está ultimando.

-Sigue pendiente el copago.

-Ya estaba incluida la forma de eliminarlo en los presupuestos del 2019, que fueron rechazados y estuvo en el origen de la convocatoria electoral. Se eximirá del copago a los pensionistas por debajo de 12.300 euros al año, los que cobran en torno a 900 euros al mes y, por tanto, a todas las pensiones mínimas. Tenemos la pretensión también de incorporar a trabajadores con rentas bajas, especialmente los perceptores de no contributivas por hijo a cargo. Y también a un colectivo que no está eximido: los menores con discapacidad. A partir de la modificación estaría exento todo el colectivo con discapacidad.

-¿Y la ayuda a la dependencia?

-En los presupuestos rechazados iban 830 millones, el 10 % de la inversión anual. Esperemos poder aprobarlo a partir del 10 de noviembre. La intención es atender a quienes teniendo el reconocimiento no tienen prestación ni servicio. Está pendiente aún una parte, 515 millones. Hemos incorporado el pago a la cotización de la Seguridad Social de los cuidadores, que el 86 % son mujeres, y más del 30 % madres con hijos menores dependientes. Hay cerca de 50.000 personas a las que la parte que les correspondería pagar ya se la financia la Administración. En Galicia son 2.713 mujeres, de A Coruña 1.165. Para los 515 millones en atención directa a dependientes necesitamos aprobar los presupuestos.

-¿A cuánta gente beneficiaría?

-De los 250.000 dependientes que están en ese limbo, en lista de espera, se resolvería el 75 %.

-¿Serían los principales logros si gobierna el PSOE?

-Nuestras propuestas se guían por la justicia social para eliminar esa desigualdad a la que nos llevó la crisis y las medidas que con la excusa de la crisis se implantaron. En este ministerio la prioridad es consolidar el sistema público de salud porque da garantías de universalidad, equidad y calidad. Trabajamos en introducir la medicina genómica, personalizada, somos el primer país que lo hace, de forma ordenada, con determinación y prudencia para no desequilibrar el sistema. Y también orientarnos a la prevención y la cronicidad. Desde el punto de vista social, hay que abordar la pobreza infantil. El ingreso mínimo vital debe de jugar un papel fundamental. Es un reto de país. Es lamentable que el colectivo con mayor riesgo de pobreza sean niños y jóvenes. Tenemos que repensar nuestras prestaciones. Es una temeridad de país mantener estas cifras de pobreza infantil.

-¿Consolidar el sistema público de salud? ¿Está en peligro?

-Sufrió muchos recortes, lo que generó carencias y dificultades financieras. El gasto sanitario descendió. Estamos en el 6 % del PIB cuando llegamos a estar por encima del 7 % en el 2009. Hay que recuperar esa cifra porque tenemos que poner nuevos tratamientos que suponen un coste, son caros, pero curan enfermedades hasta ahora incurables. Por las listas de espera y otras carencias, la ciudadanía está cayendo en suscribir más seguros privados. España es el país más saludable del mundo, tiene el segundo sistema en eficiencia y el octavo en calidad. La ciudadanía confía en el sistema, no quiere que se recorte y es de los servicios mejor valorados, pero está ya siendo un motivo de preocupación según las encuestas del CIS. Es consciente de que en general sus demandas de salud son atendidas, Atención Primaria resuelve más del 90 %, pero en interconsultas o operaciones no urgentes hay listas de espera y tenemos que conjurarnos colectivamente autonomías y ministerio para eliminar estas incertidumbres.

«La investigación biomédica es un activo económico»

Combatir las seudociencias, fomentar las vacunas, rebajar los fármacos, incorporar nuevas terapias y «sobre todo recuperar la universidad de la sanidad» ha sido lo mejor de su primer año en la cartera de sanidad.

-¿La listeria fue lo peor?

-Ha sido un desafío importante. Puso a prueba la coordinación de las administraciones. Nos ha servido para concluir mejoras en el sistema de vigilancia, en el de enfermedades de declaración obligatoria, que queremos extender a otras.

-¿Por ejemplo?

-Las relacionadas con contaminación atmosférica y ambiental.

-¿Qué nuevas terapias piensan incluir en el sistema público?

-Primero necesitamos tener evidencia. El criterio de incorporación es el coste-efectividad. Llevando eficiencia al sistema hacemos una mejor gestión. No hay que olvidar que el farmacéutico supone el 20 % del gasto de nuestro sistema sanitario.

-¿Y abaratar promoviendo nuestra propia investigación?

-Ya tenemos ejemplos y son un enorme orgullo. Como el último fármaco para lesionados medulares investigado por el Puerta de Hierro, o las CAR-T contra el cáncer, que pudimos negociar un precio muy razonable porque disponíamos de una investigación pública. Es un activo de país muy importante no solo desde el punto de vista financiero porque resulte más barato al sistema sanitario, sino en la economía general porque la primera o segunda industria innovadora del país es la relacionada con la sanidad.

-Pero los investigadores se quejan de que tienen que emigrar.

-En fin... hay que incrementar la inversión para investigación. Era otro objetivo de nuestros presupuestos rechazados.

-¿Cómo frenarán el desabastecimiento de fármacos?

-Se han tomado medidas ya. El principal problema es la fabricación. A lo mejor los laboratorios tienen interés en no tener excedentes y también hay mayor demanda de producto por el acceso a los fármacos en otros países. No voy a justificar a la industria, el laboratorio que se compromete a suministrar tiene que hacerlo. Hemos puesto en marcha un plan con las comunidades para identificar las carencias y comunicar a los clínicos las alternativas. Al margen de posibles estrategia de los laboratorios para colocar otro medicamento hay que decir que no hay ninguna enfermedad sin alternativa terapéutica. No hay ningún riesgo de enfermedades sin tratamiento.

-¿Subirán el tabaco para disuadir a nuevos fumadores?

-No estamos trabajando ahora en eso. Es una medida, pero no la única. El 1 de enero incorporaremos el tratamiento de deshabituación, no solo la vareniclina, el bupropión también. Y estamos haciendo campañas en las nuevas formas de fumar, como el vapeo. Trabajamos también en la idea de espacios libres de humo para los niños.

-¿En los coches también?

-En los coches el problema es la vigilancia, cómo sancionas, a quién y quién sanciona. En los espacios públicos son los inspectores de salud pública, pero en un vehículo en movimiento...

-¿Y un acuerdo con Tráfico?

-Trabajamos con ellos, es complicado. Hay que apostar por concienciar y responsabilizar.