La reforma sale adelante con 190 votos a favor, 154 en contra y cinco abstenciones
15 dic 2022 . Actualizado a las 16:36 h.El Pleno del Congreso ha sacado adelante este jueves con 190 votos a favor, 154 en contra y cinco abstenciones la nueva ley del aborto, tercera reforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, que ahora pasará al Senado para su aprobación definitiva. La norma, impulsada por el Ministerio de Igualdad, ha sido concebida para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública, en el centro más cercano al domicilio, terminando con las derivaciones a clínicas concertadas y a hospitales de otras comunidades. También, para devolver la capacidad de decidir a las chicas de 16 y 17 años, que ya no necesitarán permiso paterno para abortar, y para incorporar la salud sexual como derecho, incluyendo —entre otras cosas— una pionera baja por menstruaciones dolorosas.
La ley —que establece que cada comunidad cuente con un registro de médicos objetores para no encontrarse sin ginecólogos dispuestos a practicar abortos— facilita además el acceso a los anticonceptivos de última generación, financiando los tratamientos hormonales (parches, anillo, DIU...) y la píldora del día después, y pone fin al período obligatorio de reflexión de la mujer. Hasta ahora, la norma establecía que la mujer podía solicitar la interrupción del embarazo dentro de las primeras 14 semanas de gestación siempre que hubiese sido informada sobre derechos, prestaciones y ayudas públicas de apoyo a la maternidad. Tras recibir esta información, tenían que pasar al menos tres días hasta la intervención. Este plazo de meditación obligatorio desaparece en la nueva ley, que contempla también bajas temporales de preparto en la semana 39, veta a los médicos objetores en los comités clínicos que deciden sobre los abortos a partir de las 22 semanas y blinda a los no objetores para que no queden relegados únicamente a practicar este tipo de intervenciones.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, defendió este miércoles en el Pleno del Congreso la «legislatura de avances feministas» que está viviendo el país, poniendo como ejemplo tanto esta ley como la del «solo sí es sí», iniciativas que «permiten» a las mujeres «poder ejercer la libertad» sobre sus cuerpos. Sin embargo el PP calificó la norma de «atropello legislativo», de «innecesaria», «inoportuna» e «inconstitucional». Su portavoz en el debate, María Teresa Angulo, criticó la tramitación urgente de la misma, no haber esperado a la decisión del Tribunal Constitucional sobre la norma anterior y la inseguridad jurídica que, a su juicio, supone. En este sentido, puso como ejemplo el registro de profesionales objetores de conciencia que, según Angulo, tiene «tufo a lista negra».
También se mostró contrario al resultado obtenido en el pleno Vox. Su diputada Lourdes Méndez lamentó que el Gobierno reconozca el aborto «como un derecho humano», que «violente la Constitución» con su contenido y que «invierta el sistema de valores». Para Méndez, esta iniciativa «no ofrece alternativas» a las mujeres embarazadas y cree que su «único fin» es «la eliminación de la vida del hijo» ante casos de «embarazos imprevistos o discapacidad del feto». «Es una nueva pasada de frenada de la ministra Montero», concluyó.
«No obliga a abortar»
Frente a estos discursos, la portavoz del PSOE en el debate, Susana Ros, recordó que esta norma «no obliga a ninguna mujer a abortar». Las «ampara y protege a todas», dijo, «tanto a las que quieran ser madres, como a las que no». Y, en este sentido, defendió que el texto no habla solo de interrupción del embarazo, sino de preparto, parto y postparto. Ros también destacó las medidas incluidas en la ley en relación a la educación sexual, anticoncepción y salud menstrual, así como a la prohibición de publicidad y campañas que fomentan la gestación subrogada.
Carencias
La ley también fue aplaudida desde EH Bildu y ERC. Pilar Vallugera, portavoz de Igualdad de Esquerra, reconoció sin embargo que tiene algunas carencias, como el hecho de que no reconozca de forma explícita la violencia obstétrica. Para su homólogo del PNV, Joseba Agirrtexea, cojea al prohibir la publicidad y las agencias de la gestación subrogada. Este es un tema complejo, cree el diputado vasco, y debe tratarse en una ley aparte. Tampoco se mostró conforme con algunas medidas en Educación y Sanidad que, según recordó, interfieren en las competencias autonómicas.
La representante de Junts, Pilar Calvo, criticó que se hayan incluido la gratuidad de anticonceptivos o productos de higiene menstrual sin dotar, al mismo tiempo, de fondos a las autonomías que son, según explicó, quienes gestionarán esta práctica. Mientras, la portavoz de CUP, Mireia Vehí, reprochó que no se haya aprovechado esta norma para despenalizar el aborto en el Código Penal, y el representante de BNG, Néstor Rego, pidió más fondos para investigación y elevar la baja durante el embarazo a la semana 35, que en la ley se reconoce a partir de la 39.