Galicia, la segunda comunidad con menos interrupciones voluntarias de embarazo en el 2022
SOCIEDAD
El año pasado se registraron casi 3.000 abortos, la mayoría en el ámbito extrahospitalario. El Sergas derivó a clínicas privadas el 35 % de los casos entre el 2019 y el 2022
28 sep 2023 . Actualizado a las 19:22 h.Galicia registró en el 2022 un total de 2.975 interrupciones voluntarias de embarazo, lo que la coloca en el segundo puesto por la cola de las comunidades autónomas en España, solo por delante La Rioja. La cifra total de abortos en España el año pasado ascendió a 98.136, un 9 % más que en 2021, de las que solo el 17 % se realizaron en centros públicos y la práctica totalidad fue por decisión única de la mujer sin tener que ser informada por ningún facultativo.
Por comunidades autónomas, Cataluña vuelve a ser la región con la tasa más elevada de interrupciones voluntarias de embarazo (14,87 por cada 1000 mujeres de entre 15 y 44 años), seguida de la Comunidad de Madrid (12,89) que también repite como la segunda comunidad con mayor número de IVE; les sigue Andalucía (12,5), Asturias (12,45), Baleares (12,38), Murcia (12,26), País Vasco (11,38) y canarias (10,76).
Las regiones con menor tasa de IVE en 2021 fueron Ceuta y Melilla (3,82), La Rioja (6,71), Galicia (7,09), Extremadura (7,51), Castilla y León (7,95), Aragón (8,92), Navarra (9,20), Cantabria (9,20), Castilla-La Mancha (9,21) y Comunidad Valenciana (9,66).
En nuestra comunidad, un total de 2.414 casos se produjeron en el ámbito extrahospitalario, 737 de estos en centros públicos y 1.677 en privados. Además, hubo 561 casos que se realizaron en hospitales, la mayoría de ellos (513) en centros públicos. El perfil mayoritario de las gallegas que decidieron interrumpir su embarazo es de una mujer con estudios de bachillerato o FP, con pareja, sin hijos y que no utiliza métodos anticonceptivos o utiliza métodos de barrera, en al menos dos de cada tres casos.
En cuanto a la franja de edad, la de los 20 a los 39 años es la que concentra la mayor parte de los casos, aunque también se produjeron interrupciones de embarazo entre los 40-44 y entre los 15-19 (268); e incluso hubo seis casos en menores de quince años.
El 35 % fueron derivadas a centros privados entre el 2019 y el 2022
El Servizo Galego de Saúde derivó entre 2019 y 2022 al 35 % de las mujeres que acudieron a la sanidad pública para someterse a intervenciones quirúrgicas para interrumpir de forma voluntaria sus embarazos.
Así lo ha señalado el director xeral de Asistencia Sanitaria del Sergas, Jorge Aboal, en respuesta a una pregunta formulada por la diputada del BNG Montse Prado en la Comisión 5ª del Parlamento gallego, celebrada este jueves.
Allí, Aboal ha trasladado que entre 2019 y 2022 el Sergas gestionó 11.756 interrupciones voluntarias de embarazo, de las cuales, 7.644 se practicaron en centros públicos y 4.108 en clínicas con las que la Administración pública tiene conciertos para la práctica de estas intervenciones. Además, otras 7.416 mujeres acudieron directamente a clínicas privadas para abortar.
La pregunta hecha en la Comisión de Sanidad por la parlamentaria nacionalista estaba orientada a demandar explicaciones por la licitación este verano de un contrato por casi 1,4 millones de euros para los próximos tres años (prorrogable a cinco) para practicar en clínicas privadas abortos en embarazos de menos de 14 semanas de gestación y sin riesgo.
Para la portavoz de sanidad del Bloque en el Pazo do Hórreo, este contrato responde a razones «ideológicas» de un PP «cada vez más radicalizado» que permite que se practique la objeción de conciencia de forma «coordinada» y «mucha veces alentada» desde las jefaturas de servicio de los hospitales gallegos.
Prado se ha preguntado si «es tan difícil» programar «un aborto a la semana» en los hospitales gallegos, como así lo revelan los datos de que se practica una media de 57 al año por cada centro, lo que ha llevado a sentenciar que la Xunta no quiere crear un registro de objetores de conciencia para favorecer que estas intervenciones se lleven a cabo en clínicas privadas
Registro de objetores de conciencia
Durante sus intervenciones, Aboal y la diputada frentista se han enzarzado por la interpretación del artículo de la ley orgánica de 2010 que recoge el derecho al aborto en el que se establece la creación de registros de objetores de conciencia.
En concreto el artículo 19 (ter) de esta normativa en vigor desde hace 13 años establece que cada comunidad autónoma contará con un registro de profesionales sanitarios acogidos a su derecho a no participar de forma directa en prácticas de aborto, al tiempo que, a continuación, señala que el Consejo Interterritorial del Sistema de Salud deberá crear un protocolo específico que recoja las «condiciones mínimas» de este registro.
Así, Aboal ha destacado esta segunda cuestión para responsabilizar al Gobierno central de la falta de «avances» en la configuración de criterios para crear estos registros, mientras que Prado ha incidido en que la Xunta obvia el primer punto de ese artículo que implica a las propias comunidades en la configuración de los mismos.