El Constitucional vuelve a votar la norma por considerar que traspasa «los límites de la intimidad»
11 dic 2023 . Actualizado a las 05:00 h.No es habitual que los tres partidos mayoritarios del Parlamento —de socialistas a extrema derecha e incluyendo conservadores— se muestren de acuerdo en la aprobación de una ley. Menos habitual todavía es que ese texto acabe siendo vetado por el Tribunal Constitucional, como acaba de ocurrir en Portugal con la muy discutida ley de metadatos, que, según la justicia, supera «los límites de la proporcionalidad en la restricción a los derechos fundamentales a la autodeterminación informativa y a la reserva de la intimidad de la vida privada», según anunció el presidente del TC, José João Abrantes este lunes en Lisboa.
Se trata de la última de varias negativas que la norma ha ido recibiendo por parte de los jueces, que ven incompatibilidades con la Constitución lusa. A sus espaldas se cuentan ya 15 años de quebraderos de cabeza para regular el acceso a los metadatos de los usuarios digitales por parte de las fuerzas de seguridad. La norma actual, del año 2008, traspone una directiva europea y obliga a los operadores a conservar durante un año los metadatos de sus clientes. Esto permite a las autoridades investigar a potenciales sospechosos: sus accesos a internet y la dirección IP de un dispositivo o la duración, localización e identidad de los interlocutores de una llamada (aunque no sea posible la transcripción del contenido).
Colisión entre derechos
En el 2022, la Justicia consideró que proteger los derechos de todos los ciudadanos «restringe de manera desproporcionada los derechos a la reserva de la intimidad de la vida privada»; una decisión con efectos retroactivos que afectó a procesos judiciales en curso y que desató una enorme discusión a nivel público. Entonces se llegó a plantear una revisión de la Constitución, bajo propuesta del Chega. Los derechos y deberes digitales coparon la atención de la mayoría de las propuestas.
Sin llegar tan lejos, el Parlamento aprobó el pasado 13 de octubre una versión que limitaba la conservación de los datos durante un menor período de tiempo: «tres meses contando desde la fecha de conclusión de la comunicación (llamada o mensaje), considerándose ese período prorrogado hasta seis meses, a no ser que el titular se haya opuesto». La propuesta no fue suficiente para convencer al Constitucional, cuya principal objeción es la obtención «general e indiferenciada, y no selectiva» de datos. Se señala que toda esta información permite «trazar el perfil del usuario, identificar sus intereses e incluso reconocer, en ciertos casos, el tipo de contenidos consultados».
Al margen del período en discusión, en esta ocasión el TC sí dio por válidos los otros dos aspectos que había solicitado revisar el presidente de la República: que los datos sean conservados «en Portugal o en el territorio de otro Estado miembro de la UE» y que los titulares sean notificados en el plazo de 10 días desde que sus datos comiencen a ser investigados.
Tras escuchar el parecer del TC, el presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, vetó el texto. «Atendiendo a la urgencia y sensibilidad del tema en cuestión, el presidente de la República solicitó a la Asamblea de la República que aprecie, si es posible todavía en la presente sesión legislativa, una mejor solución para la inconstitucionalidad decretada», publicó Presidencia en una nota. Es decir, Rebelo de Sousa apremia al Parlamento a que proponga una nueva versión del texto antes de su disolución, prevista para mediados de diciembre. Los diputados podrán decidir si darse prisa o dejarlo al siguiente Gobierno.