Pretende «poner coto» a los «usos indecentes» del Sistema Nacional de Salud
13 may 2024 . Actualizado a las 13:25 h.El Ministerio de Sanidad ha sacado a consulta pública la Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud, que pretende «poner coto» a los «usos indecentes» del Sistema Nacional de Salud (SNS) dando carpetazo a la ley de privatización de 1997, tal y como manifestó este lunes la ministra Mónica García. Subrayó que desde su departamento están «firmemente comprometidos» con evitar que la Sanidad se «venda» siempre al «peor postor». «La evidencia científica ya nos ha demostrado que no han salido mejoras en la salud de la población con esas fórmulas de gestión, sino todo lo contrario; lo que ha salido han sido mejoras en los beneficios obscenos de algunas empresas, que han ido detrayendo el presupuesto de nuestro SNS», señaló.
Para García, la nueva ley supondrá «un freno» a todas las noticias sobre «comisiones, lucros incesantes y beneficios obscenos» que se han visto «en los últimos años». «Nosotros queremos que cada euro de los impuestos de los españoles vaya destinado a la salud, al artículo 43 de la Constitución. El esfuerzo de los españoles, a través de sus impuestos queremos que se vea materializado en que realmente somos capaces de garantizar la protección a la salud y no garantizar las cuentas de resultados de las empresas privadas», recalcó.
Esta ley se sumará a la de Universalidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) que el Gobierno aprobará próximamente. Ambas vienen a sustituir a la que se presentó en la legislatura pasada para modificar diversas normas y consolidar la equidad, universalidad y cohesión del SNS, que decayó al convocarse las elecciones generales.
Antecedentes
La Ley 14/1986 General de Sanidad recoge en su artículo 90 la posibilidad por parte de las administraciones públicas de llevar a cabo conciertos para la prestación de servicios sanitarios con medios ajenos a ellas, estableciendo las condiciones bajo las cuales se podrían dar dichos conciertos. Con posterioridad, en 1997 entró en vigor una ley sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, conocida como ley de privatización del SNS, que abrió la posibilidad de que la gestión y la administración de los centros, servicios y establecimientos sanitarios o sociosanitarios pudiese prestarse de manera directa o indirecta a través de una variedad de entidades.
A estas dos leyes, hay que añadir algunos elementos de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español dos directivas europeas que regulan los procedimientos de contratación de servicios desde las administraciones públicas, así como modificaciones realizadas a la Ley 15/1997 a través de la Ley 15/2014 de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa.
La pasada legislatura, el Consejo de Ministros aprobó un proyecto de ley —proyecto de ley de equidad universalidad y cohesión sanitarias— que planteaba una reforma de la legislación existente en materia de titularidad de la gestión: cerraba la puerta a nuevos copagos, ampliaba los colectivos con derecho a asistencia con cargo a fondos públicos y limitaba los acuerdos con la privada, permitiendo solo derivar en casos excepcionales. Su tramitación decayó con la convocatoria de elecciones generales el 29 de mayo del 2023.
¿Cuales son los objetivos de la nueva norma?
Que una parte de la sanidad pública esté gestionada por empresas privadas acarrea lógicas relacionadas con el funcionamiento comercial y la necesidad de obtener beneficios empresariales. El objetivo de Sanidad es limitar este tipo de gestión por parte de entes privados con ánimo de lucro, aumentar la transparencia de los modelos ya existentes y facilitar la reversión de estos contratos.