Llega al Congreso la propuesta de ley del PSOE para avanzar en la abolición de la prostitución

La Voz REDACCIÓN / AGENCIAS

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El Pleno debatirá sobre endurecer el castigo al proxeneta, multar al cliente y penar con cárcel a los dueños de burdeles

20 may 2024 . Actualizado a las 22:14 h.

El Congreso de los Diputados debatirá este martes la toma en consideración de la proposición de ley del grupo parlamentario socialista para avanzar en la abolición de la prostitución. La propuesta plantea modificar el Código Penal para endurecer el castigo del proxeneta, multar al cliente que paga por sexo y penar con cárcel la «tercería locativa», es decir, el lucro por destinar un inmueble o cualquier otro espacio para que otra persona ejerza la prostitución, incluso aunque se ejerza de manera voluntaria. Es esta una realidad atravesada por la explotación sexual y la feminización de la pobreza sobre la que no existen datos oficiales actualizados que permitan hacer una radiografía precisa de la situación.

Actualmente, en España solo se condenan las conductas de prostitución coactiva —obligar a una persona a vender su cuerpo mediante violencia, intimidación o engaño—, la explotación sexual de menores y la trata. El debate sobre ir un paso más allá, que también fue abordado —aunque sin resultados— la pasada legislatura, genera una gran división entre los socios gubernamentales y parlamentarios del Ejecutivo y, más allá de las paredes del Parlamento, también en el seno del movimiento feminista, con posturas que van desde la regulación —reconocer esta actividad como un trabajo— a la abolición —por considerar que es una forma de violencia contra la mujer—.

Ni siquiera en la sociedad parece haber claros consensos sobre cómo abordar la situación, a juzgar por los resultados de una encuesta realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) el año pasado: un 32 % de los españoles dijeron estar a favor de castigar a los «prostituidores», otro 32 % consideraron que pagar por sexo es inaceptable, pero que no debería ser reprochable legalmente, y el 28 % opinaron que es aceptable intercambiar dinero por el acceso al cuerpo de una mujer.

Cifras desactualizadas

La falta de estadísticas oficiales sobre la prostitución condiciona el encendido debate. Se sabe que una amplísima mayoría de quienes se prostituyen son mujeres y niñas, y que quienes pagan por acceder a sus cuerpos son mayoritariamente los hombres, pero no hay cifras oficiales al respecto y las que hay han quedado anticuadas. Esta imprecisión ha llevado a algunos partidos políticos a criticar que se quiera legislar sin disponer de una radiografía precisa de la situación. El PNV llegó a solicitar la pasada legislatura que se creara una subcomisión en el Congreso precisamente para ahondar en su estudio.

En el 2010, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito cifró entre 300.000 y 400.000 las personas en situación de prostitución en España, más del 90 % mujeres y un 80 % extranjeras. El Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) limitaba esa cifra a 45.000 en el 2012. Han pasado 14 y 12 años, respectivamente. La Encuesta Nacional de Salud Sexual del Centro de Investigaciones Sociológicas del 2009 revelaba que en España al menos el 32 % de los hombres han recurrido alguna vez a la prostitución. Algo más reciente es el Informe Juventud en España 2020 del Injuve, en el que se precisaba que el 10 % de los chicos de 15 a 29 años han pagado por sexo. Los datos requieren ser actualizados.

Para atajar este problema, el Ministerio de Igualdad puso en marcha la pasada legislatura un estudio sobre prostitución, trata y explotación sexual con el objetivo de cuantificar el número de mujeres y niñas en esta situación y arrojar luz sobre su distribución geográfica. El trabajo debería ver la luz en algún momento del 2024. Desde el Consejo de Europa a Amnistía Internacional, pasando por el Defensor del Pueblo, múltiples organismos han incidido en la necesidad de disponer de estadísticas sobre esta materia. Tal y como ha reconocido el propio Gobierno, «la inexistencia de datos imposibilita conocer la dimensión [del problema] y el número de víctimas, tanto en el mundo como en España, lo que repercute negativamente en la elaboración de políticas públicas eficaces al respecto».

Espacios invisibilizados

Sí hay datos del Ministerio de Interior de las víctimas de trata y explotación sexual —294 y 370 en el 2023—, así como de potenciales víctimas de ambos crímenes —7.049 el año pasado, un 6 % más que en el 2022—. Son sin embargo cifras únicamente vinculadas a las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por lo que la fotografía es incompleta.

Al margen del trabajo de las instituciones, entidades del tercer sector e investigadoras feministas vinculadas a la academia tratan de aportar luz a esta cuestión. Por ejemplo, In Género, una ONG que presta atención y acompañamiento a víctimas de trata y explotación sexual y a personas en situación de prostitución en nueve comunidades autónomas. Tras una encuesta a 4.500 a personas prostituidas, esta organización concluyó que en España hay entre 25.000 y 30.000 personas sometidas a este tipo de trabajo, la mayoría de ellas mujeres; también, que en nuestro país hay alrededor de 800 prostíbulos, y 2.500 pisos y 50 lugares de calle donde se lleva a cabo esta práctica. El 45 % de quienes venden su cuerpo lo hacen el burdeles, el 51 % en inmuebles particulares y el 4 % en la calle.

El Instituto de las Mujeres, adscrito al Ministerio de Igualdad, alertaba en una investigación reciente de que además el modelo ha cambiado desde la pandemia, trasladando la actividad a entornos invisibilizados como pisos y espacios digitales, lo que dificulta aún más su detección.