Casi uno de cada tres gallegos fallecen mientras esperan recibir la eutanasia
SOCIEDAD
Desde que entró en vigor hace tres años se acogieron a la ley 33 enfermos
26 jun 2024 . Actualizado a las 05:00 h.Un total de 21 gallegos fallecieron mientras estaban esperando que les fuera aprobado su solicitud de eutanasia. Son el 28 % de las personas que habían iniciado los trámites de la prestación de la ayuda para morir, casi uno de cada tres, una cifra muy similar a la del resto de España. El dato se corresponde al período comprendido entre el 25 de junio del 2021, cuando entró en vigor la ley, y el 2003 y se recoge en un informe divulgado este martes por la Consellería de Sanidade, coincidiendo con la evaluación realizada por la asociación Derecho a Morir Dignamente sobre los tres primeros años de la aplicación de la normativa en España. La entidad se había quejado, precisamente, de la falta de transparencia por parte de las comunidades a la hora de dar a conocer los datos. De hecho, hay siete que todavía no han presentado ningún informe de evaluación: Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Madrid, Murcia y Navarra.
Durante el período analizado, en Galicia se presentaron 75 solicitudes de eutanasia, de las que se realizaron 27. A estas cifras hay que añadir los últimos datos actualizados correspondientes a lo que va de año, tiempo en el que se han tramitado 18 peticiones y en el que se ha facilitado una muerte digna a 6 gallegos. En total, desde que entró en vigor la ley se formularon 93 peticiones, de las que se concedieron 33. También hay que destacar que cinco personas paralizaron su demanda durante el proceso.
Según consta en el informe de Sanidade, la edad media de los solicitantes es de 65,7 años. La persona más joven a la que se le concedió en Galicia el derecho a morir dignamente tenía 22 años. La mayor parte de los requerimientos documentados en el último año procedían de pacientes con enfermedades neurológicas (45,9 %) y con cáncer (37, 8 %).
Aunque no hay datos a nivel nacional que permitan realizar una comparativa fiable, los representantes de la Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) subrayaron las desigualdades existentes entre comunidades. Esta apreciación se sustenta en la tasa de muertes por eutanasia en relación al número total de fallecimientos, que en España se sitúa en el 0,07 %, un porcentaje muy lejos al de países con una trayectoria consolidada en este ámbito, como Países Bajos y Canadá, pero también por detrás de otros que podrían ser comparables con España, como es el caso de Bélgica, donde este porcentaje se eleva al 1 %.
Pero Galicia, con una tasa de mortalidad por eutanasia del 0,002 % también está muy por debajo de la media nacional, en una situación muy parecida a la de Extremadura y Murcia. «En estas tres comunidades la tasa es diez veces menor que en Cataluña o Euskadi, donde alcanza el 0,1 %», subrayó la responsable del área internacional de DMD, Loren Arsequet. «La desigualdad entre comunidades —añadió— es especialmente grave, porque vulnera el principio de igualdad ante la ley. Es inadmisible que el acceso a un derecho dependa del lugar donde se vive».
En esta apreciación coincide Isabel Blanco Rodríguez, presidenta de Derecho a Morir Dignamente Galicia, que traduce los porcentajes a números absolutos. «Por cada 100.000 muertes que se producen en Galicia, veinte son por eutanasia, mientras que en la media de España son 70 por cada 100.000 fallecidos».
Sin embargo, todavía no existe una razón objetiva que explique las diferencias observadas entre comunidades, porque tampoco existen informes detallados por parte de las comunidades que permitan ahondar en la situación. De hecho, el ofrecido ayer por la Xunta es uno de los más completos, lo que ha agradecido Isabel Blanco.
Falta de información
No obstante, la representante de la entidad gallega sí considera que existe todavía una enorme falta de información sobre la eutanasia y sobre cómo puede realizarse la tramitación, aspecto en el que cree que hay que incidir. «La ciudadanía —advierte— no está bien informada, pero tampoco los profesionales sanitarios. Si vas a un centro sanitario muchos profesionales no saben informarte cómo debe hacerse la solicitud, por lo que es necesario formarles y, si es necesario, liberarlos para que puedan ayudar con los trámites». Y lanza un último mensaje: «Hay que evitar un sufrimiento innecesario con prolongaciones en los plazos y cumplir con los que dicta la ley».
Entre el 2021 y el 2023, según consta en el informe de la Xunta, se denegaron once prestaciones de ayuda para morir. En este mismo período se presentaron siete reclamaciones, de las que una fue atendida. Si se atiende solo a los datos del pasado año, el área sanitaria de Ourense, Verín y O Barco fue donde más eutanasias se practicaron, con 5 de un total de 17 en Galicia.
22 años
En Galicia
En Galicia pidieron la eutanasia dos personas menores de 30 años. El más joven tenía 22.
91 años
En Galicia
El mayor número de prestaciones para ayudar a morir se realizaron en personas de 50 a 59 años.
Existe «maltrato institucional» para «ejercer un derecho»
En el conjunto de España, unas 750 personas solicitaron la eutanasia en el 2023, un 30 % más que el año anterior, y 350 personas lograron ejercer su derecho a una muerte digna (17 en Galicia), según los datos que ha dado a conocer la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) con motivo del tercer aniversario de la entrada en vigor de la ley.
El vicepresidente de DMD, Fernando Marín, destacó que el número de eutanasias realizadas en España el pasado año aumentó entre un 15 % y un 20 % con respecto al 2022.
Por su parte, fuentes del Ministerio de Sanidad han informado de que, según datos provisionales, en el 2023 se han presentado 727 solicitudes y se han realizado 323 eutanasias.
Son menos de las que esta asociación, que lleva 40 años luchando por la legalización de la eutanasia en España, estimaba para los tres primeros años de la ley. «No sabemos si estas cifras tan bajas en España se deben a que la tramitación es farragosa y compleja, lo que explicaría el gran numero de personas que han muerto a la espera de tramitación», lamentó Marín.
Derecho a Morir Dignamente también criticado la «excesiva duración» del procedimiento, con una media de 75 días, cuando por ley no debería prolongarse más de 35, así como el alto porcentaje de solicitudes denegadas, que asciende al 20 % del total.
En este sentido, Marín habla de «maltrato institucional». «Existe ese maltrato cuando ejercer un derecho se convierte en una pesadilla... cuando la comisión se inventa requisitos, cuando te exigen el informe de un trabajador social que no figura en la ley, cuando se suspende la tramitación o cuando un ciudadano busca el amparo de la justicia y choca contra un muro de incomprensión». Todo esto, según han lamentado los responsables de la entidad, contribuye a que haya muchas personas que lo pasan mal en el procedimiento.