La Justicia condena al Imserso a pagar casi 800.000 euros a una víctima de la talidomida
SOCIEDAD
Esta primera sentencia del Supremo significa el primer paso para que otros cien afectados obtengan también una compensación
08 nov 2024 . Actualizado a las 16:28 h.La Audiencia Nacional ha condenado al Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) a pagar 748.000 euros a una víctima de la talidomida, tras el fallo del Supremo que anuló la obligación de hacer un nuevo examen a los afectados, que ya habían sido reconocidos como víctimas, para acceder a las ayudas.
Fue en junio cuando la Sala de lo Contencioso del alto tribunal dictó dos sentencias que anulaban varios artículos del real decreto aprobado en julio del pasado año por el Ejecutivo que reguló la concesión de ayudas a los afectados por este fármaco, que causaba malformaciones en el embarazo entre 1950 y 1985.
En concreto, el real decreto imponía como requisito para percibir la ayuda que la persona figure inscrita en el Registro Estatal de Enfermedades Raras, en virtud de un informe de validación positivo.
La Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (Avite) y cinco afectados impugnaron ante el Supremo al considerar que vulneraba la ley y que someterse a un nuevo examen podría dar lugar a la pérdida de la condición de afectados, que habían obtenido de manera regular y que habían ostentado durante todo este tiempo.
El Supremo les dio la razón, lo que según Avite permitirá a unos cien afectados que puedan reclamar ante los tribunales demandando al Imserso, como administración encargada de pagar las ayudas.
De hecho, la primera sentencia ha llegado esta semana en la que el Juzgado Central de lo Contencioso número 4 de la Audiencia Nacional ha estimado la demanda de una afectada y ha obligado al Imserso a pagar 748.000 euros más los intereses legales, en un caso que ha sido llevado por el abogado Ignacio Martínez de la Asociación El Defensor del Paciente y Avite.
La sentencia señala que «la condición de persona afectada por la talidomida, a los efectos de las ayudas, no solamente se acredita por la inscripción en el Registro Estatal de Enfermedades Raras sino también a través de otros actos administrativos».
Entre ellos, cita la jubilación anticipada por discapacidad derivada de la talidomida y el reconocimiento de la discapacidad en la que se aprecia el fármaco como el causante de la misma.
Por todo ello, la Audiencia deja claro que «ninguna duda puede suscitarse respecto a que la afectada cumple los requisitos para ser beneficiaria» de las ayudas aprobadas por el Ejecutivo. Y desde Avite lo celebran: «Estamos ante un hito más del proceso jurídico de los últimos 14 años al que ha dado lugar la tragedia de la talidomida en España».
La talidomida fue un fármaco administrado en las décadas de 1950 y 1960 en España que causó malformaciones durante el embarazo. Fue suministrado por la farmacéutica alemana Grünenthal Pharma.