Los afectados exigen una indemnización estándar para todos los agredidos
16 nov 2024 . Actualizado a las 10:13 h.Hasta esta semana, las víctimas de agresiones sexuales en el seno de la Iglesia portuguesa debían pasar por el dolor de volver a narrar los hechos para solicitar una indemnización. Pero este jueves, tras una asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Portuguesa (CEP), en Fátima, se han revertido algunos de los procedimientos más criticados para optar a las compensaciones económicas.
Así, se evitará este paso, que había sido considerado como una revictimización para los solicitantes. Las víctimas no tendrán que volver a exponer su relato si este ya fue transmitido y validado por el Grupo VITA, las Comisiones Diocesanas o los institutos religiosos y las Sociedades de Vida Apostólica, organismos encargados de acompañar psicológicamente a las víctimas de abusos en el contexto de la Iglesia.
A inicios del 2023, la comisión independiente nombrada por la Iglesia para establecer el número de víctimas de pederastia en instituciones católicas portuguesas determinó que, entre 1950 y 2022, al menos 4.815 personas fueron sexualmente abusadas. Es la cifra mínima, verificada a través de 512 testimonios, pero se considera la punta de un gigantesco iceberg. Hasta abril de este año, la Iglesia no aprobó la creación de un fondo para compensar financieramente a las víctimas, cuyo reglamento no se dio a conocer hasta julio. En primera instancia, se abrió un plazo hasta el 31 de diciembre de este año para que los afectados pudieran solicitar la indemnización, pero esta semana también se ha decidido «dar más tiempo», hasta finales de marzo del 2025. La CEP espera haber concluido los pagos antes del año 2026.
Además, recalcan que se trata de procesos que no son de carácter judicial. Según un comunicado, «se justifican con el especial deber de solidaridad de la Iglesia hacia las víctimas» y «no deben ser confundidos con peritajes medicolegales».
Las víctimas, descontentas con las compensaciones económicas
Sin embargo, con estas «clarificaciones» emitidas tras la asamblea plenaria no acaba la controversia en torno a las compensaciones económicas. Tras solicitar la indemnización ante una primera Comisión de Instrucción, la cuantía debe ser determinada por una Comisión de Fijación de la Compensación, «a la que compete determinar los montantes de las compensaciones que se atribuirán», y que «deberá fundamentar su parecer aprobado por la mayoría de sus miembros». Las asociaciones de víctimas consideran que esta tasación evidencia una «cuantificación del dolor», caso a caso, y ponen el ejemplo de otros países, en los que se ha establecido una indemnización estándar para todos los afectados. Además, no se han dado a conocer las cantidades mínimas y máximas que están en juego.
La asociación de víctimas Corazón Silenciado demanda «falta de transparencia» y exige un valor mínimo de 50.000 euros. «La Iglesia pidió perdón por igual a todo el mundo; entonces, que compense también por igual a todos», dicen sus representantes. Por su parte, el presidente de la Conferencia Episcopal de Portugal, José Ornelas, ha comentado que publicar los detalles «sería totalmente inadecuado e irrespetuoso para las personas (afectadas)». Hasta la fecha, oficialmente ha anunciado que solo 53 personas han solicitado esta compensación, un número que las agrupaciones de víctimas consideran «ridículo». «La Iglesia debería haber hecho una campaña, en vez de quedarse sentada en su poltrona esperando a que ‘los mendigos pasen'», dice a Público António Grosso, de Corazón Silenciado.