Hasta el momento recibieron la prestación solo 38 solicitantes, el 37,2 %
17 nov 2024 . Actualizado a las 05:00 h.Desde que entró en vigor la ley que permite la prestación de ayuda para morir en Galicia, el Servizo Galego de Saúde (Sergas) llevó a cabo 38 eutanasias, el 37,2 % de las solicitudes presentadas hasta octubre del 2024, que fueron 102. Así, desde la entrada en vigor de la ley, en junio del 2021, hasta el 4 de octubre del 2024, según datos facilitados por la Xunta, el número de prestaciones ha ido creciendo, si bien en el último año (a falta de dos meses para tener una cifra definitiva) ha habido un pequeño descenso. En el 2021 se realizaron dos prestaciones, que subieron a 8 en el 2022, a 17 en el 2023 y, este año, de momento, se quedan en 11.
Según el último informe publicado por el Sergas, perteneciente al año 2023, el perfil del paciente que pide este tipo de asistencia habla de que el 59,5 % son hombres, frente a un 40,5 % de mujeres. La edad media de los solicitantes fue de 65,7 años, si bien la persona más joven tenía 22 y la más mayor, 96. Casi la mitad de los pacientes que solicitaron el proceso (45,9 %) contaba con una enfermedad neurológica, mientras que otro 37,8 % tenía un cáncer.
Sin contar con los datos del 2024, el Sergas confirmó que denegó 11 solicitudes: dos en 2021, tres en 2022 y las seis restantes en 2023. En este espacio de tiempo además, otras 11 personas pidieron revocar el proceso.
Uno de los principales escollos de la prestación de la eutanasia es la demora en los plazos. Esta misma semana, Laura Fernández Abalde, paciente de cáncer ingresada en el Hospital Meixoeiro de Vigo y activista por el derecho a morir, contaba a La Voz su lucha para conseguir la prestación, y cómo los trámites son más largos que su cáncer.
De hecho, en Galicia casi una de cada tres personas que solicitan la eutanasia fallece antes de poder beneficiarse de este derecho. Y en España, por ejemplo, en el 2022 un total de 152 personas fallecieron mientras se tramitaba su solicitud de eutanasia, según el informe del Ministerio, a nivel nacional alrededor de 750 personas solicitaron la eutanasia en el 2023, un 30 por ciento más que en 2022.
La tramitación de las prestaciones, según Fernando Marín, médico y vicepresidente de Derecho a Morir Dignamente (DMD) , «deberían durar de 30 a 35 días y llegan a los 75 días de media». La principal consecuencia derivada de ello es que la tercera parte de las personas que piden la eutanasia mueren mientras se procesa su solicitud.
El vicepresidente de DMD explica que la demora en los plazos tiene que ver con que la ley se creó con una base muy garantista. «Eso supone unos trámites que llevan unos plazos. Tú lo pides una vez a tu médico responsable; lo pides una segunda vez, en un período mínimo de quince días; lo pides una tercera vez, al médico consultor, que es independiente; y luego interviene un cuarto nivel, que son las dos personas —el jurista y el médico— que asigna el presidente de la Comisión de Garantía».
Marín explica que «solo hay un plazo mínimo, que es el de los quince días, que la propia ley establece que, si el médico responsable considera que la pérdida de capacidad es inminente, puede reducirlo al tiempo que le dé la gana».
Desde DMD explican que es complicado manejar las cifras de la eutanasia en España, porque «hay mucha casuística, y a veces no es fácil contar todos los casos, eso es verdad. Pero, por otra parte, tampoco se ha intentado. Es decir, el ministerio ha hecho un sistema de información sobre la eutanasia que es muy mejorable, y nos consta que están en ello, pero las comunidades autónomas tampoco han hecho el esfuerzo por contarnos lo que está pasando».
Al amparo del caso de Laura Fernández Abalde, la asociación lamenta las «disparidades» que hay en la interpretación que hacen las comunidades autónomas de la ley de eutanasia, por lo que insta a desarrollar el trámite abreviado en el Manual de Buenas Prácticas.
Cambios en la comisión de garantía
Otra novedad que atañe a este 2024 son los cambios en la comisión de garantía y evaluación de la eutanasia de Galicia, que se produjeron el pasado mes de julio. El más importante es el del presidente, un cargo que ahora ejerce el doctor Rafael Monte Secades, en sustitución de Nieves Molíns Gauna, que dejó el cargo «a petición propia» pero que continúa como vocal.
Pero además, hay otras cuatro caras nuevas, en sustitución de otras tantas que lo dejan. Al nuevo equipo se incorporaron el facultativo especialista en psiquiatría Manuel Arrojo Romero; la enfermera de Atención Primaria Etelvina Caeiro Uzal y el técnico jurídico de Sanidade Alberto Pardo Silva. Sustituyeron a Juan Luis Fernández Hierro, Mónica Álvarez Álvarez, Andrea Gallego Valdeiglesia y Jose Antonio Seoane Rodríguez.
El equipo actual está integrado por los siguientes 12 miembros: Rafael Monte Secades (presidente), Manuel Arrojo Romero, Etelvina Caeiro Uzal, Alberto Pardo Silva, Miguel Ángel Cadenas Sobreira, Beatriz Canneti Heredia, Jose Luis Jiménez Martínez, Nieves Molíns Gauna, María Ponte García, Felipe Trillo Taboada de Zúñiga, Miriam Vázquez Campo y Sergio Vázquez Estévez.
La comisión de garantía y evaluación de la eutanasia es el órgano administrativo de ámbito autonómico que verifica de manera previa y a posteriori el cumplimiento de la ley, resuelve reclamaciones de denegaciones, elabora el informe anual de evaluación de esta prestación y sirve de órgano consultivo.