El profesor de Psicología Social de la USC Antonio Rial Boubeta hace una valoración «altamente positiva» de estos «nueve meses de arduo trabajo» en los que él y el resto de expertos convocados por Sanidad y Educación bajo el liderazgo del Ministerio de Infancia y Juventud han logrado emitir «un documento consensuado de más de 200 páginas». Reconoce que no fue fácil porque los participantes vienen de ámbitos muy diversos y «un jurista no tiene por qué saber cuáles son las consecuencias a nivel cerebral del uso de las pantallas», pero su participación es imprescindible para que las leyes que se aprueben «vayan a ser eficaces». Y eso es precisamente a lo que aspiran Boubeta y sus colegas, a que estas propuestas se traduzca en una ley y que se vigile su cumplimiento. Que no pase como con la del alcohol, a pesar de la cual los botellones en los que participan menores siguen a la orden del día.
«Prohibir significa en este momento proteger», incide en el especialista, que quiere dejar claro que él y sus colegas van a ser «los primeros en estar vigilantes para que se cumpla» con lo prometido. A su juicio los más importante ahora es «el nivel de valentía que se quiera asumir». Si España está dispuesta a seguir en «a la cola de Europa y de medio mundo» o darse cuenta de que «este es un enorme problema de salud pública» y abordarlo de frente como han hecho Australia y Suecia y está haciendo Francia.
Boubeta se siente «reconfortado» de que «el Gobierno se apoye en expertos totalmente independiente sin ningún tipo de presión» para que orienten futuras leyes. Es más en su caso considera «una obligación como funcionario público» ponerse «al servicio del Gobierno y de la Administración», pero insiste en que «lo único importante es lo que se escriba en la ley».