Más de 50 mujeres de España, México y Colombia acusan a Eduard Cortés de abuso
SOCIEDAD
Todas ellas han emitido un comunicado conjunto en el que explican por qué hacen una denuncia pública
23 dic 2024 . Actualizado a las 18:45 h.El pasado 1 de noviembre la fotógrafa Silvia Grav denunciaba en sus redes sociales haber sufrido acoso sexual por parte del director Eduard Cortés. La denuncia pública puso en marcha una investigación por parte de la Academia del Cine Catalán, que finalmente se pausó cuando el cineasta solicitó su baja. Desde entonces, más mujeres aseguran haber sido acosadas también por el director de Ni una más o Merlí. En una información publicada por El País el pasado miércoles, la cifra era de 27. Ahora son más de 50.
Unas 53 mujeres de España, México y Colombia han hecho público este lunes un comunicado. En él, Grav habla en nombre de aquellas que denunciaron que Cortés les habría ofrecido trabajo en sus producciones si se grababan previamente desnudas, masturbándose o en otras prácticas sexuales.
En el comunicado, «las 27», como se les conoce, señalan que el número se ha elevado, Grav explica en el vídeo remitido a los medios junto a un comunicado escrito que que reproduce Efe que «pasar por este proceso no es fácil», habla de «grietas» en el sistema y en la sector del cine y justifica por qué esta denuncia se hace públicamente, y no por vía policial. En el texto, las firmantes aseguran que no buscan «venganza, sino sanar» y que «las que ya están y las que están por llegar no tengan que sufrir lo que vivimos nosotras».
También remarcan que los crímenes prescriben en muchos casos antes de que la víctima haya podido «procesar el trauma o tener el apoyo o la fuerza o la seguridad necesarios para enfrentarse a un proceso judicial que va a ser muy duro y muy largo».
Hacen hincapié asimismo en que se trata de situaciones que a menudo ocurren en la intimidad, o no siempre dejan pruebas físicas. Además, el abuso de poder es difícilmente punible si no hay un contrato firmado, limitaciones legales que «dejan a las víctimas en una posición de indefensión que no se debería tolerar».
Protocolos más eficaces
Frente a ello, reclaman que los protocolos dentro de las industrias y academias vayan más allá de la creación de comisiones, libros blancos, días especiales, premios, y mesas redondas. «Las investigaciones deben realizarse sin importar el estatus de afiliación; el abuso no debería depender del rango del agresor», sostienen.
Recuerdan asimismo que «denunciar es caro» y las víctimas «enfrentan altos costos emocionales, legales, económicos y de revictimización al intentar defenderse».
«La justicia gratuita y los abogados de oficio exigen unos parámetros muy difíciles de cumplir, o que simplemente no encajan en nuestro caso», remarcan, por lo que consideran que el Código Penal «está obsoleto y necesita actualizarse para que los abusos de poder en entornos laborales sean castigados de manera efectiva».
Para poder ayudar a todas las víctimas, consideran urgente retomar iniciativas que quedaron paralizadas, como la reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, cuyo plazo venció en octubre de 2023 y que el Gobierno aún no ha completado, recuerdan.
Consideran esta reforma clave para garantizar que las víctimas puedan acceder a recursos legales adecuados y no queden desprotegidas frente a las barreras económicas.
Por otro lado, subrayan que las denuncias públicas también son denuncias y «en muchos casos, son la única manera de romper el silencio, evidenciar un patrón, y generar la catarsis necesaria para cuestionar y cambiar aquello que no funciona».
«Se ha demostrado que nuestro abuso no es un hecho aislado, sino una consecuencia de un sistema que lo permite», añade el comunicado, que concluye que «en este momento crucial, se caen las máscaras y se ve el color real de cada uno», y señalan que «ser aliado de la causa no es una fachada, ni un comunicado bonito» sino «trabajar activamente para cambiar el sistema, y darles los recursos para ayudar a las víctimas».