Es cierto que la desinformación constituye una de las mayores preocupaciones de los países democráticos de nuestro entorno, dado que las noticias falsas o fake news se están convirtiendo en estrategias para manipular la opinión pública y erosionar la estabilidad de los Estados y de sus instituciones, constituyendo una amenaza global para la libertad y para la democracia.
Y, como una de las prioridades del Gobierno, el presidente Pedro Sánchez ha anunciado que se designará a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) como supervisora de las plataformas digitales, y se establecerá una normativa para regular la responsabilidad legal de lo que se publique en redes sociales. Además, se reforzarán los medios personales y materiales del Centro para la Transparencia Algorítmica, sito en Sevilla y que depende de la Comisión Europea.
Pero ¿no existen mecanismos para esto? Recordemos que ya en el 2019 se creó en la Unión Europea el Sistema de Alerta Rápida (RAS), con puntos de contacto nacionales para advertir de modo instantáneo sobre campañas de desinformación y para intercambio de información entre los Estados miembros y la Unión. Y en España ya existe la Comisión Permanente contra la Desinformación como grupo de trabajo interministerial para asegurar la coordinación entre ministerios en el ámbito de la desinformación, que depende de la Secretaría de Estado de Comunicación y está dirigida por el Departamento de Seguridad Nacional. ¿De qué manera cambiará el escenario la medida anunciada por Pedro Sánchez?
El desafío de la lucha contra la desinformación no solo radica en establecer mecanismos de supervisión, ya que regular el contenido en plataformas digitales plantea un debate complejo sobre quién y cómo se decide qué es información veraz y qué no lo es. Además, el éxito de estas iniciativas dependerá de la colaboración entre los Gobiernos, las empresas tecnológicas y la sociedad civil, promoviendo la alfabetización mediática para que los ciudadanos puedan identificar y resistir la manipulación informativa. Sin una ciudadanía informada y crítica, cualquier medida regulatoria será insuficiente frente al poder de las fake news. En países democráticos como el nuestro no podemos limitamos a bloquear las plataformas de redes sociales que no nos interesan, por lo que será difícil ponerle puertas al campo digital.
Carlos Tomé Santiago es abogado y socio de Caruncho y Tomé Abogados, y asesor de empresas.