La Agencia Comunitaria para el Control de la Pesca, que echará a andar en Vigo el próximo 1 de julio, llegará a la costa gallega (calle de García Barbón, 4) con 39 funcionarios de 15 nacionalidades diferentes, según fuentes de la propia oficina. De los trabajadores, 25 son hombres y 14 mujeres. Las nacionalidades corresponden a: siete belgas, seis franceses, cinco portugueses, cinco españoles, tres italianos, dos alemanes, dos irlandeses, dos holandeses, una griega, un inglés, una búlgara, un estonio, un dánes, un sueco y un lituano. Desde julio y hasta final de año se contratarán otras 16 personas más, para completar el número de medio centenar de empleados que precisa para alcanzar su velocidad de crucero, según los cálculos de la oficina comunitaria, que hasta la fecha reside en la rue de La Loi, 56, en Bruselas, donde tiene su sede preprovisional.
Los preparativos para la gran y definitiva mudanza desde la capital comunitaria hasta la ciudad gallega están, precisamente, en el primer punto de análisis del consejo de administración de la institución europea, que estos días está celebrando sus últimas reuniones en Bruselas. El consejo de administración de la institución está presidido por el portugués Marcelo Vasconcelos, en tanto que su director ejecutivo es el holandés Harm Koster. Gran parte de los trabajadores y funcionarios ya estarán en Vigo al final de la semana, pero comenzarán a trabajar en silencio y sin mayores problemas, hasta que llegue el día de la apertura oficial. «En cuanto la Agencia esté totalmente instalada en Vigo -según fuentes comunitarias- tendrá lugar la inauguración, que contará con representantes de la Unión Europea, como de las autoridades españolas y del sector pesquero a través de los Consejos Consultivos Regionales».
Hasta 2010
La Agencia Comunitaria para el Control de la Pesca tiene entre sus objetivos fundamentales velar por el cumplimiento de las normas intracomunitarias de la legislación pesquera e impedir la pesca ilegal por medio del control de los buques europes que trabajen fuera de aguas comunitarias, al amparo de acuerdos y bajo las normas de las organizaciones regionales de pesca. El presupuesto de la institución ronda los ocho millones de euros anuales. Esta cifra es similar a la suma de lo que ha costado la reforma del antiguo edificio Odriozola (3,5 millones de euros) que será su sede provisional hasta el 2010, además de los cinco millones que costará en el futuro reformar la actual Comandancia de Marina de Vigo, un edificio propiedad del Estado y cedido por el antiguo Ministerio de Pesca a la UE, y que se convertirá en la sede definitiva de la oficina.
Empresa pública
El antiguo Ministerio de Pesca, y hoy Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, correrá con los gastos de las dos obras, la primera adjudicada en su momento a la empresa pública Tragsa. Recientemente, el propio Harm Koster confirmó que la sede defintiva será la Comandancia Naval de Marina de Vigo, el último edificio militar radicado en la ciudad, y que el edificio estará listo en el año 2010, un año después de la última fecha prevista.