La empresa concesionaria del transporte público, Vitrasa, perderá esta año en torno a 700.000 viajeros, según denunció ayer el concejal del PP, Antonio Coello.
Las obras han sido el principal escollo al que han tenido que enfrentarse los conductores de los autobuses urbanos y sus pasajeros. Los retrasos de algunas líneas han llegado a superar los veinte minutos, lo que ha provocado que dejen de ser operativas y, por tanto, que se dejen de utilizar en los desplazamientos para ir al trabajo.
La eliminación del carril-bus en calle como Gran Vía ha contribuido igualmente a la pérdida de protagonismo del bus, a la acumulación de retrasos y, por consiguiente, a la pérdida de clientela.
El mal tiempo del pasado verano tampoco jugó ni mucho menos a su favor, al descender el número de pasajeros que acuden a las playas. Solo en el mes de julio Vitrasa perdió 33.094 pasajeros.
Con tal panorama y la situación de crisis actual, la oposición municipal solicitará en el próximo pleno la congelación de todas las tarifas para el próximo año. También pedirá la bonificación para las familias numerosas. Antonio Coello, concejal de Tráfico con el gobierno de Corina Porro, recordó que el PP recuperó el carril bus de García Barbón, implantó el de Gran Vía, ahora eliminado, y amplió las bonificaciones a más jubilados y personas con discapacidades.
Para Coello, está claro que el gobierno municipal ha apostado por el transporte privado y ha dejado de lado el público, lo que ha repercutido de forma negativa en los resultados e impedirá que se alcance la cifra de 21 millones de usuarios del pasado año.
Otro aspecto que tampoco ha mejorado, según el concejal de la oposición, es la policía. Entiende que mientras que antes funcionaba con carácter preventivo y disuasorio, en la actualidad ha pasado a ser, sobre todo, sancionadora y no se supo más del policía de barrio que vigilaba la calle lo más próximo posible del ciudadano.
El portavoz del grupo municipal del PP, José Manuel Figueroa, remató las palabras de su compañero de partido con críticas hacia el estudio de movilidad encargado por el gobierno municipal, en el que, aseguró, se ha gastado 120.000 euros.
Advirtió que ni ellos ni nadie conoce tal estudio porque está incompleto y ni siquiera tiene conclusiones, de ahí que el gobierno local no dé explicaciones.