El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha admitido a trámite la petición del Concello vigués de paralizar las obras que se realizan en las naves de comercio para reconvertir este área en un lugar de ocio y de recepción a los cruceristas. Esta decisión fue presentada ayer por el concejal socialista José Mariño como un éxito del gobierno local y el previsible prólogo de la paralización de las obras.
Por el contrario, para la presidenta de la Autoridad Portuaria, la popular Corina Porro, esta admisión es simplemente «una decisión reglada», sin que el alto tribunal gallego haya aceptado la petición municipal de suspender las obras sin previamente escuchar a los responsables portuarios. Por tanto, admite que dentro de unos días se sabrá cual es el veredicto judicial.
Paralización pendiente
Ambas interpretaciones se ajustan a la realidad ya que el decreto del Tribunal Superior fechado el pasado quince de junio acuerda admitir a trámite la denuncia judicial «sin perjuicio de lo que resulte del expediente administrativo». Acto seguido, los jueces acuerdan requerir a la Autoridad Portuaria para que en el plazo de veinte días remitan el expediente completo del proyecto a su sede oficial.
La clave en este asunto es que el tribunal no ha aceptado por ahora la petición de paralización cautelar de las obras, una cuestión que queda pendiente. Es un aplazamiento que para el Concello no tiene importancia alguna, mientras que el Puerto le da una gran relevancia.
Corina Porro no quiso ayer hacer declaraciones sobre la situación en la que se encuentran sus proyectos portuarios. Por el contrario, desde el Concello habló el edil de Urbanismo. José Mariño entiende que «Porro se ha embarcado en la ejecución de obras ilegales, algo que no se va a permitir desde la administración municipal. Porro debe cumplir la normativa vigente igual que cualquier ciudadano».
El dirigente socialista da por sentado que Porro conoce la ilegalidad de las obras «ya que se le han notificado los informes negativos de Urbanismo, en los que se le explica que las obras son ilegales, pese a lo cual sigue adelante». Aduce que el plan del Puerto contempla este recinto como una zona destinada a la actividad pesquera «y no al ocio», concluyó.
Segundo choque
La decisión del juzgado anticipa otra previsiblemente similar sobre la denuncia municipal en las naves de rederos, en las próximidades de la plaza de O Berbés. Es un caso similar de unas naves que Porro quiere convertir en una pescadoteca (locales de ocio y para consumo de pescado), a lo que se opone el Concello. La denuncia sobre ambos proyectos fue presentada a la vez y en breve habrá una decisión judicial.
Este conflicto se produce meses después de que el juzgado paralizara las obras de construcción de una megafuente cibernética en el muelle de trasatlánticos. Se trata de un proyecto para embellecer la zona mediante una inversión de más de dos millones de euros.
A diferencia del caso actual, el Concello optó por paralizar directamente las obras, una decisión que el Puerto boicoteó. Debido a ello el gobierno local recurrió al juzgado, que las paralizó cautelarmente, situación en la que se encuentran ahora. Al margen, el Concello también se opuso a la ampliación del muelle del Arenal. Aquí el Puerto logró reanudar las obras pero, a cambio, un juzgado ha imputado a Corina Porro por supuesta prevaricación.