El alcalde ratificó ayer su voluntad de mantener comisiones de hasta 45% a la empresa que se encargará del cobro de multas e impuestos en la fase ejecutiva. Caballero ha optado por ajustar los márgenes en algunos casos, pero mantiene el 45% para lo que califica de «condiciones extremas».
«Quien crea que es un porcentaje alto que sepa que también Lois Castrillo (alcalde del BNG entre 1999 y 2003) y Corina Porro (alcaldesa del PP entre 2003 y 2007) hicieron lo mismo», se escudó el actual regidor socialista. «Y también se mantienen los mínimos en el 20 y el 25%».
Pese a esta justificación por decisiones de gobiernos anteriores, Caballero afirmó ayer, tras la publicación de la noticia en La Voz, que el nuevo contrato introduce recortes en las percepciones de la empresa que resulte adjudicataria del servicio. En concreto, «si el pago se realiza en el plazo de un mes el recargo para la empresa será solo del 5%, por lo que el Concello dejará de pagar 400.000 euros a la concesionaria».
Otro cambios a la baja señalados por el alcalde son el pago de intereses, actualmente de un máximo del 10% y a partir de ahora con el tope del 6%. Igualmente retira la posibilidad de imposición de recargos a la concesionaria. Sumados los 360.000 de ahorro por estos conceptos afirma que el Concello reducirá las comisiones en unos 750.000 euros anuales.
Visiblemente molesto con la información, Caballero aseguró que «se puede hacer antiviguismo de muchas formas, pero con los números es difícil».
Al margen de las comisiones, el Concello prevé en el pliego de condiciones que la adjudicataria deberá abrir una oficina en el centro de la ciudad. Será una forma de facilitar el pago ya que se unirá a la de Recaudación Ejecutiva existente en la propia sede municipal. Deberá estar situada en el interior de un círculo imaginario delimitado por las calles Areal, Pontevedra, Uruguay, Alfonso XII y García Barbón.