La resolución del pleno había suspendido la concesión de licencias en el ámbito en el que se encuentra Finca do Conde, lo que impedía a la promotora acceder al permiso.
27 oct 2011 . Actualizado a las 06:00 h.El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Vigo ha estimado un recurso presentado por los promotores del complejo Finca do Conde, que incluye un centro comercial y dos torres con 230 pisos, contra el acuerdo plenario del Concello de Vigo del 22 de febrero del 2010, lo que les permitirá solicitar una licencia para su legalización.
La resolución del pleno había suspendido la concesión de licencias en el ámbito en el que se encuentra Finca do Conde, lo que impedía a la promotora acceder al permiso. El juzgado anula aquel acuerdo y deja sin efecto la suspensión.
Los promotores confiaban en obtener la autorización municipal, anulada en su día por el Tribunal Supremo, una vez aprobado el nuevo Plan Xeral de Urbanismo del 2008, momento en el que decidieron solicitarla. Sin embargo, después de año y medio a la espera de la concesión que permitiría normalizar uno de los grandes centros comerciales de Galicia, el pleno acabó de un plumazo con sus aspiraciones tras eliminar la concesión de licencias en ese ámbito. El argumento esgrimido entonces desde el Concello de Vigo era que no había garantías de que una nueva autorización no volviera a ser tumbada en los tribunales y apostaba por modificar previamente el planeamiento en ese ámbito concreto.
Fundamentos
El Concello justificaba su forma de actuar por la necesidad de evitar posteriores indemnizaciones en caso de demolición de los edificios, surgidos al amparo del planeamiento anterior. Sin embargo, el juez explica en los fundamentos de derecho que «en este caso tampoco esta finalidad podría justificar la medida suspensiva, habida cuenta de que, como señalan las demandas, en este caso las torres de vivienda y el centro comercial ya obtuvieron en su día las correspondientes licencias municipales de obra y actividad, siendo precisa la legalización de dichas edificaciones tras la anulación».
Por ello, continúa la sentencia, «el Concello ya estaría obligado a la indemnización, con independencia del otorgamiento de las licencias de legalización solicitadas al amparo del PXOM del 2008». De no conseguir permiso, este no sería el único caso de indemnización urbanística del Concello de Vigo, aunque sí el más caro al suponer en torno a los 350 millones de euros.
Esta misma semana, el gobierno local de Vigo aprobó indemnizar con 10,8 millones de euros a la promotora Miraflores por anular el Concello la licencia otorgada en su día y no llegar a un acuerdo.
En breve se sumará otra indemnización, como la anterior por sentencia judicial, de dos millones de euros por otro caso urbanístico conocido como Recaré.