PP y BNG acusan al gobierno local de «pardillo» por plegarse a la empresa
31 jul 2012 . Actualizado a las 07:00 h.Los dos grupos de la oposición municipal, PP y BNG, aprobaron ayer una moción del primero en la que se acuerda paralizar la ampliación de la concesión y una mayor dotación económica para la empresa del auditorio municipal, Pazo de Congresos S. A. Entienden que cualquiera de estas medidas, acordadas por la junta de gobierno, supondrían una hipoteca para la ciudad.
El equipo de Caballero decidió recientemente ampliar el período de la concesión en 25 años más y otorgarle a la empresa otros cinco millones de euros. Basaba esta decisión en el plan económico presentado por la empresa al que se se hizo caso en su totalidad.
En opinión del portavoz del PP, José Manuel Figueroa, el Concello le ha regalado a la compañía 185 millones de euros, lo que, a su juicio, supone un escándalo. «¿Por qué no se opusieron a la modificación del contrato? Se arrodillaron ante la empresa; encontraron unos pardillos en el gobierno y tomaron la decisión; los poderosos les ganaron la batalla», sentenció Figueroa. Denunció que el equipamiento escénico siga sin montarse con el beneplácito del Concello.
Xabier Alonso, del BNG, rechazó de plano la ampliación del contrato y del capital a la concesionaria por no existir un criterio económico. Criticó que se haya solucionado de esa manera, la más fácil, a su juicio.
Los nacionalistas recordaron que no es la primera vez que se amplía una concesión de forma unilateral. Como ejemplo citó el caso de la adjudicataria del servicio de abastecimiento de agua y saneamiento, Aqualia.
También habló de concesiones el portavoz del PSOE, Carlos López Font. Recordó al PP que algunas como la XER y la grúa, esta última, según dijo, una ruina, fueron adjudicadas por ese grupo, igual que la del auditorio. «No entiendo que la adjudicación fuera por 83 millones y al mes ya ascendiera a 155», comentó.
La concesión para la explotación y gestión del auditorio Mar de Vigo fue otorgada a la sociedad Palacio de Congresos S. A. por decisión de la junta del gobierno de Corina Porro el 6 de marzo del 2006.
Dos años después, en concreto el 31 de marzo del 2008, el equipo de Caballero acordó la modificación del proyecto, lo que suponía reducir de forma considerable la superficie a construir.
Una de las zonas que más acusó el recorte fue el aparcamiento, que pasó de 850 plazas a 312, lo que suponía trece millones menos, según aseguró ayer el PP. En total, la reducción supuso 26 millones menos.
El cambio en las condiciones del contrato llevó a la empresa a exigir la alteración del plan económico financiero.
Para la oposición municipal, las consecuencias de tanto desaguisado se están pagando y se seguirán pagando durante mucho tiempo.