La decisión de Urbanismo aleja el fantasma del derribo de los cinco edificios, aunque debe ser ratificada por el Tribunal Superior
13 ene 2013 . Actualizado a las 07:10 h.La Gerencia de Urbanismo concedió el pasado mes de diciembre licencia a los cinco edificios de apartoteles construidos hace quince años frente a Samil. La decisión supone un paso de gigante en el proceso de legalización de unos inmuebles que estaban pendientes de derribo tras anularse la licencia inicial en el año 1999, una medida que implicaba su eliminación pero que nunca llegó a ejecutarse.
De esta forma concluyen las negociaciones, frenéticas en ocasiones, mantenidas por los propietarios y la Gerencia de Urbanismo desde noviembre de 2010 una vez que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) apremió al Concello para que llevara a efecto la demolición. Esta iniciativa provocó una crisis entre los propietarios de los 180 apartamentos, que se vieron ante un precipicio.
El colectivo estaba formado por un centenar de dueños particulares, representados por el abogado Carlos Abal, y el promotor del proyecto urbanístico, Casal Carreiro, cuyos intereses ha defendido el bufete Garrigues. Las pretensiones de ambos coincidían y su finalidad era evitar el derribo, cosa que al final han conseguido.
Pendientes del tribunal
La concesión de la licencia de obra y provisionalmente de actividad no supone la conclusión de este conflicto urbanístico, aunque tiene una gran relevancia. Al existir una sentencia judicial firme de anulación del permiso anterior y consecuentemente de derribo ahora tiene que pronunciarse el Tribunal Superior.
Lo que el Concello va a comunicar ahora a los jueces es que el inmueble ha sido legalizado desde el punto de vista urbanístico y que, por tanto, la sentencia es inejecutable desde la esfera municipal. Si el TSXG ratifica este criterio el círculo quedará cerrado, los cinco edificios legalizados y el asunto definitivamente solventado.
A la espera de lo que puedan decidir los jueces esta parece la solución más plausible. De hecho, existen dos precedentes de casos muy similares y en ambos el TSXG ha ratificado el permiso municipal. Ocurrió inicialmente con el edificio de Jacinto Benavente, el primero legalizado por el Concello conforme al actual Plan Xeral, y posteriormente con las torres Ifer. Por tanto, las expectativas son máximas, aunque nada hay garantizado hasta que el pronunciamiento se produzca.
Estos apartamentos, 180 en total en cinco edificios situados en plena avenida de Samil, fueron construidos a mediados de los años 90 de acuerdo con el Plan Xeral del año 1993. Este planeamiento permitía en esta zona la coexistencia de edificios hosteleros y residenciales, una dicotomía que en seguida fue derogada tras una denuncia de varios vecinos.
Anulada la ordenanza, la misma denuncia provocó en cascada la anulación de esta licencia al carecer de soporte, y colocó a los edificios en completa ilegalidad y con orden de derribo. Esta situación se alargó en el tiempo durante una década, lo que provocó la sensación de que el tema podría eternizarse ya que los sucesivos gobiernos municipales no tenían interés alguno en afrontar un problema social de semejante envergadura.
Riesgo en el 2003
En esta aparente tranquilidad vivieron los titulares de estos apartamentos durante la década pasada, ya que su legalización seguía aparcada pero no se producían incidencias. El único momento de agitación tuvo lugar en el verano del año 2003, durante los seis meses de gobierno del socialista Ventura Pérez Mariño. Este efímero alcalde se planteó seriamente la posibilidad de demoler estas viviendas como medida contra la impunidad, pero el proyecto no fue adelante.
El verdadero aldabonazo llegó en noviembre del 2010. En ese momento llegó al Concello una comunicación del Tribunal Superior exigiendo la tantas veces aparcada demolición. La decisión del alcalde Caballero y su entonces concejal de Urbanismo, José Mariño, fue inmediata: trasladaron la orden a los afectados y pusieron en marcha los mecanismos para cumplirla.
El gobierno vigués tenía claro que conforme al Plan Xeral vigente desde agosto de 2008 los edificios eran legalizables siempre que cumplieran la condición básica de convertirse en un apartotel. Aunque con licencia para un establecimiento de estas características, lo cierto es que se construyeron 180 viviendas y ello que impedía su legalización.
Empezó entonces un debate a contrarreloj entre los propietarios, asesorados por sus abogados, mientras el Concello adjudicaba a una empresa el derribo y ponía fecha para el desalojo de las viviendas, concretamente febrero del 2011. Como medida de precaución, los afectados presentaron un recurso ante el Tribunal Supremo pidiendo que paralizara el derribo mientras gestionaban su legalización. Este recurso le sirvió al Tribunal Superior para aplazar la demolición, con lo que ganaron así un tiempo precioso en el que finalmente lo han conseguido.
Apartamentos turísticos
El punto de inflexión para lograrlo ha sido la decisión de los propietarios de ceder sus viviendas para constituir una sociedad que explotará los inmuebles como apartamentos turísticos. Esto no fue fácil de conseguir, pero al final, y tras meses de asambleas y debates vecinales, firmaron todos menos uno, lo que fue considerado suficiente por parte de la Gerencia municipal de Urbanismo.
El otro requisito, también cumplido, fue comprometerse a realizar unas pequeñas obras de adaptación que figuran en la licencia. Con ambas exigencias resueltas el Concello ha tomado su decisión y ahora todo queda a expensas de lo que decida en los próximos meses el Tribunal Superior de Xustiza, sin duda la decisión más crucial.