La Xunta trabaja desde hace una década con varios proyectos para levantar nuevos juzgados en Vigo, la llamada Cidade da Xustiza. La primera idea fue presentada en el 2004 por el conselleiro Xesús Palmou, en la cercanía de una campaña electoral y en un momento en que Madrid o Valencia creaban grandes complejos para reunir sus desperdigados juzgados. Aquel proyecto consistía en levantar un gran edificio que podría crecer, paulatinamente, hasta un total de 17 plantas.
Después, el bipartito venció en las elecciones autonómicas y convocó un concurso internacional de ideas que ganó el estudio vigués de Jesús Irisarri y Guadalupe Piñeira. Este nuevo proyecto contemplaba un edificio más funcional conectado con pasarelas a los ya construidos en la calle Lalín. En la planta baja albergaría la futura oficina judicial, que debería alojar a decenas de funcionarios, y también la Fiscalía.
El proyecto necesitó ser reformado en el año 2012 para ajustar su orientación y superficie a una parcela que evitaba derribar una casa existente. De este modo, se conseguía abaratar la expropiación.
Paralelamente, el proyecto se estancó en los despachos. Durante el gobierno municipal de Corina Porro, los políticos vigueses aprobaron que el Concello expropiaría varias parcelas de O Chouzo. Cuando el plan urbanístico de la ciudad salió adelante, esos terrenos quedaron reservados a dotaciones judiciales. Los residentes serían realojados en pisos. Abel Caballero alegó que, con su inclusión en el plan, ya había puesto a disposición de la Xunta los solares pero la Administración gallega replicó que, como en otras ciudades, el Concello debía comprar y entregarle la escritura.
Hace unos meses, y tras varias advertencias por escrito, la Xunta retiró los 15 millones que tenía presupuestados para la construcción de la Cidade da Xustiza. Alega que el Concello no le cedió el suelo. En realidad, ni siquiera ha sido expropiado.