Compromiso critica la consolidación de puestos de trabajo de empleados municipales que le costó el puesto a José Castro
08 oct 2014 . Actualizado a las 05:00 h.El Valedor do Pobo ha admitido a trámite un escrito de Compromiso por Galicia en el que denunciaba un abuso de autoridad tras pedir la nulidad del proceso de consolidación de puestos de trabajo en Ponteareas.
El gobierno local solicitó a la representante del partido, Sandra Araúxo, que se acreditase como miembro de Compromiso y como persona implicada en el proceso de consolidación. Los galleguistas pusieron en conocimiento del Valedor do Pobo este trato del Gobierno ya que que consideran que trata de impedir que Compromiso haga trabajo político «a favor de los ciudadanos y de velar por la legalidad».
El Ayuntamiento de Ponteareas aprobó un plan de consolidación de empleo temporal, al amparo del Estatuto Básico del Empleado Público en el año 2008
En el Boletín Oficial de la Provincia del 12 de abril del 2010 se se publican las bases para cubrir los puestos de trabajo vacantes en el cuadro de personal laboral incluidas en la oferta de empleo público del año 2008.
Un informe de la secretaría municipal de 4 de mayo del año 2010 advirtió que una serie de plazas propias de funcionarios estaban siendo ocupadas de «manera irregular» por personal laboral. En concreto eran las de responsable de archivo, ingeniero técnico, responsable de departamento laboral, cuatro plazas de administrativo, otra de responsable del departamento de Cultura y seis plazas de auxiliar administrativo.
En estos puestos hay trabajadores con contratos declarados nulos por la sección tercera de la Audiencia Provincial de Pontevedra en sentencia del año 2001.
El alcalde de Ponteareas, Salvador González Solla, mediante resolución de 10 de junio de 2014 acordó reiniciar el proceso de consolidación de empleo que había suspendido él mismo.
Solla da prioridad a la consolidación de los trabajadores afectados por la sentencia que dio lugar a la inhabilitación de José Castro Álvarez y nueve personas más por delito continuado de prevaricación (al contratar sin ningún proceso de selección a 26 trabajadores, de los cuales solo permanecen en el Concello unos pocos).
La CIG también criticó este proceso perpetuación de puestos. Doscientos cincuenta y ocho personas firmaron en el año 2012 que este procedimiento no se llevase a cabo, según Julio Tellado, miembro del comité.