Elena Muñoz reclama la realización de una auditoría para el transporte público y Aqualia
11 jul 2015 . Actualizado a las 05:00 h.La oposición popular quiere que el Concello realice auditorías urgentes de la gestión y la actividad de sus dos principales concesionarias, Vitrasa y Aqualia. Esta delicada cuestión irá a pleno pero solo será aprobada si la acepta el gobierno socialista ya que cuenta con mayoría absoluta. Elena Muñoz, portavoz del PP, aporta un dato relevante para justificar el chequeo en el caso de Vitrasa: «A la hora de pagar por sus servicios nunca sabemos el número real de usuarios y simplemente nos tenemos que fiar de las cifras que aporta la propia empresa».
Este hecho tiene una gran relevancia ya que Vitrasa recibe del Concello anualmente 12 millones de euros, algo más del 5 % del presupuesto municipal. De acuerdo con lo que sugiere Muñoz, podría ocurrir que se estuviera entregando dinero público en exceso a la empresa del transporte urbano.
Vitrasa se financia con el importe del billete, pero el Concello garantiza su equilibrio económico con un mínimo en función de los kilómetros que recorren sus algo más de 100 autobuses. Además, se hace cargo de la diferencia entre el precio del billete ordinario y el de los bonobuses, que suponen el grueso de los 12 millones que le paga cada año.
En el caso de Aqualia, el PP considera urgente la auditoría a fin de que se cumpla el mandato del pleno y lo pactado por su grupo con el PSOE en la etapa anterior. El acuerdo fue cobrar el consumo real y no un mínimo de 30 metros cúbicos cada dos meses como ocurre ahora, un gasto que muy pocas familias alcanzan. Según el alcalde, el cambio en la tarifa depende del contenido de un estudio encargado hace un año a la Universidad cuyo contenido se desconoce.
Quejas
Al margen de ambas cuestiones, Elena Muñoz asegura que «hay multitud de quejas ciudadanas sin atender y recientes procedimientos judiciales que han arrojado sombras de duda sobre el funcionamiento de las concesionarias o sobre sus mecanismos de contratación». Alude a la operación Patos, que investiga un juzgado vigués tras requisar documentación en el Concello en febrero del año pasado. También a la imputación de una familiar de Carmela Silva, presuntamente por ser contratada por una concesionaria y cobrar sin ir a trabajar.
Este argumento ha sido utilizado también por el otro grupo de la oposición, la Marea, que apoya igualmente la realización de estas auditorías.
Muñoz recordó ayer que casi la mitad del gasto corriente anual del Concello se destina a pagar a empresas concesionarias de servicios municipales. «Aunque es una fórmula que permite la ley, ello no exime al Concello de ser el responsable real de la prestación de esos servicios», precisa. La portavoz popular considera las auditorías reclamadas como «un primer paso de nuestra voluntad de reformar la Administración para tratar de reducir el coste y repercutir ese ahorro en políticas ciudadanas»
La petición de estas auditorías se debatirá en forma de moción en el primer pleno que celebre el Concello. A esa sesión irá también otra propuesta de la Marea reclamando la constitución de una comisión de investigación sobre las investigaciones judiciales que afectan al Concello. En su caso, se trata de un compromiso adquirido durante la campaña electoral.