Ahora se ha repetido la situación, impidiendo legalizar el edificio de Castrelos
29 sep 2015 . Actualizado a las 16:29 h.El pasado 29 de mayo, el Tribunal Supremo bloqueaba la legalización del Piricoto, el edificio de Castrelos cuya licencia fue anulada hace más de dos décadas. Según dio a conocer ayer este periódico, el alto tribunal tomó esta decisión al no personarse el Concello tras el recurso de casación contra su legalización promovido por un grupo de vecinos.
Se da la circunstancia de que hace 22 años se produjo una situación similar, aunque entonces fue adoptada a cara descubierta por la corporación municipal. Sucedió después de que un grupo de vecinos recurriera la licencia y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) les diera la razón, anulándola. El Concello y la promotora acudieron al Supremo, pero finalmente el Concello no compareció.
En aquellos tiempos una decisión de este tipo pasaba por el pleno y gobernaba entonces un tripartito, con el socialista Carlos Príncipe en la alcaldía respaldado por once concejales del PSOE, 2 de Esquerda Galega y uno del BNG. Enfrente, en la oposición, los 13 del PP.
En la sesión plenaria, celebrada el 31 de marzo de 1993, el PP cumplió su anuncio de oponerse al personamiento, y su posición salió adelante ya que el gobierno se dividió en este asunto: los socialistas lo respaldaron, pero los tres nacionalistas (Xesús Costas Abreu, Ana Gandón y Lois Castrillo) se abstuvieron. De esta forma, se rechazó defender la licencia ante el Supremo y, como era previsible, siete años después este Tribunal ratificó la anulación de la sentencia.
Curiosamente, la alcaldía estaba en ese momento en manos de Castrillo, que tuvo que hacer frente al problema que suponía el hipotético derribo de un edificio que se había construido con licencia municipal y la previsible reclamación de indemnizaciones. Por ello, desde el puesto de regidor ni mucho menos impulsó su demolición, que conforme a los sucesivos fallos judiciales podría ser «total o parcial».
En dicho pleno, los concejales del PP reiteraron sus argumentos en contra del edificio, recordando que habían votado en contra del proyecto de urbanización y del estudio de detalle. Por ello, trasladaron al gobierno la responsabilidad de defender la licencia. Coincidieron con los socialistas, uno de cuyos concejales aludió a la falta de garantías jurídicas para los ciudadanos «se dentro de dous anos cambia a corporación pode suceder que os acordos desta podan non ser defendidos pola seguinte», afirmó Agustín Arca.
Sus argumentos cayeron en saco roto ya que los socialistas perdieron la votación ante el PP debido a la abstención de sus socios nacionalistas. A partir de ese momento la suerte estaba echada, aunque tuvieron que transcurrir seis años hasta que llegó la ratificación del Supremo.
Esta decisión del año 1993 coincide con lo ocurrido ahora, con la diferencia de que entonces fue política y ahora se ignora el motivo de la no personación. Especialmente, cuando el Concello lleva años tratando por todos los medios de que no se produzca el derribo.
El debate sobre el encaje de la edificación en el entorno del parque
El impacto paisajístico no hay forma de objetivarlo, pero fue la razón por la que el TSXG anuló la licencia hace algo más de 20 años. Consideraba que tenía un fuerte impacto visual negativo en un bien protegido como el pazo de Castrelos, que se encuentra a poca distancia.
En aquel entonces era prácticamente la única edificación colectiva de la margen izquierda de la Gran Vía. Desde entonces se han construido varias más, y precisamente ese es el argumento de los propietarios para defender la licencia. De manera significativa, el complejo Finca do Conde (dos torres y el centro comercial Gran Vía) y algunas urbanizaciones.
Por su parte, el Concello deberá demostrar al Tribunal Superior que está en su ánimo cumplir la sentencia inicial y que no quiere evita su ejecución con cambios de escaso calado para evitar el derribo. Por todo ello la resolución del pleito judicial puede alargarse.
«Hay 30 millones de euros en juego», denuncia el PP
«Lo ocurrido puede acarrear responsabilidades patrimoniales incluso superiores a los 30 millones de euros». La oposición popular manifestó ayer su escándalo por el hecho de que el gobierno local no defendiera la legalización de O Piricoto ante el Supremo. El cálculo económico, obviamente, está hecho con trazo grueso y alude a una hipotética indemnización a los propietarios de las algo más de cien viviendas del inmueble, a lo que habría que sumar el coste material del derribo. Sin duda, una cantidad muy elevada para un Concello con 230 millones de euros anuales de presupuesto, cifra que salvo un 10 % está comprometida para gastos corrientes más las nóminas y el pago a las concesionarias.
Alude el PP al hecho de que si un promotor construye un edificio con licencia municipal y después los tribunales anulan el permiso, la responsabilidad recae sobre el Ayuntamiento. Es justamente el caso del Piricoto, aunque pese a los años transcurridos no se ha producido el temido derribo.
Para los populares, el hecho de que no se personara el Concello ante el Supremo «es insólito y una negligencia grave, que deja a partir de ahora a 105 familias amenazadas de desahucio». Por este motivo, desde la oposición popular se reclama al alcalde «una explicación urgente de lo ocurrido» y la recomendación de que «alguien debería asumir responsabilidades por lo ocurrido».
«Surrealista»
En parecidos términos se pronunciaba ayer el poravoz de la Marea. Para Rubén Pérez, lo ocurrido «es surrealista», y califica de «error que se forzaran tanto los plazos». Por este motivo, coincide con el PP en que «sería bueno que alguien explicara públicamente como se articulará la legalización de este ámbito, ahora que no ha habido personamiento. Es algo curioso».
Sin embargo, desde la Marea se mantiene una visión crítica con el proceso municipal de «intentar legalizar lo que es ilegal, lo que no se ajusta a ninguna normativa. Para nosotros es un error y sentimos que pase esto». Por ello, este grupo político se pregunta si «lo que era ilegal en 1993 ha dejado de serlo con el Plan Xeral de Ordenación Municipal del 2008. Es nuestra sempiterna crítica a este planeamiento».
Desde un punto de vista más general, recuerda Pérez que la ley impide que se modifiquen los planes urbanísticos para legalizar ámbitos que han sido ilegalizados judicialmente, «y todo indica que han buscado la forma de hacerlo».
El proceso de legalización que impulsaba el Concello para evitar el derribo consistía en instalar una pantalla vegetal delante del Piricoto para atenuar su impacto visual y separarlo del pazo de Castrelos. También el derribo de los trasteros situados en la parte superior del edificio sumado a algunos cambios de color. Todo ello, sin duda, tendría una repercusión económica irrisoria frente a un derribo y daría por fin tranquilidad a los propietarios de las viviendas.