El Concello evita adjudicar el contrato por temor a que pueda ser anulado después
23 jun 2016 . Actualizado a las 05:00 h.El gobierno vigués ha decidido suspender el concurso para adjudicar la zona azul (Xestión do Estacionamento Regulado, XER, conforme a su denominación oficial), un proceso que se encontraba en su fase final. El 27 de junio finalizaba el plazo de presentación de ofertas tras varios meses de tramitación, un límite ahora eliminado.
El motivo de este parón es el recurso presentado por tres empresas interesadas en la gestión de la XER, que acudieron al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contraactuales dependiente del Ministerio de Hacienda. Esycsa, Indigo Park y Dornier, esta última la actual concesionaria, denunciaron que no se había incluido el coste del IVA en un contrato de algo más de 23 millones de euros «pese a su enorme magnitud».
El tribunal notificó la incidencia al gobierno local, que encargó un informe a un técnico municipal. Su dictamen fue contrario a la reclamación, asegurando que la cuestión del IVA «no afecta al Concello y sí atañe al licitador», por lo que debería inadmitirse. En un plano más concreto, descartó que el pago de este impuesto afecte al equilibrio económico de la concesión «ya que los ingresos superan a los gastos».
Pese a este dictamen, el gobierno vigués ha optado por ser previsor tras los recientes batacazos en sendos contratos relevantes, concretamente los de alumbrado y jardines, ambos en situación complicada en estos momentos. Por ello ha preferido suspender el proceso de licitación y esperar la decisión del Tribunal Administrativo Central. Una vez que se conozca, tomará la decisión definitiva.
Independientemente de lo que pueda ocurrir, este nuevo traspiés retrasa la adjudicación de un servicio municipal que lleva años en situación de interinidad. El motivo es la anulación de la anterior adjudicación hace seis años, una cuestión que sigue sin resolverse. En cualquier caso, fuentes municipales dan por seguro que el tribunal de Hacienda resolverá con rapidez y el proceso podrá retomarse.
El contrato que tramita el Concello prevé adjudicar el servicio por diez años, con un montante por este período de algo más de 23 millones de euros. La empresa que lo consiga tendrá que mantener la plantilla, 41 personas, la inmensa mayoría vigilantes, y atender unas 2.200 plazas controladas en el centro de la ciudad.
El gobierno vigués decidió finalmente no extender la XER a otras zonas de la ciudad donde se habían reclamado años atrás, en concreto en los barrios de O Calvario y As Travesas. Deja abierta la opción pero no toma la decisión en estos momentos.
Lo que sí afronta el Concello es la mecanización del servicio para acabar con la imagen de los vigilantes anotando matrículas y horarios en una libreta, sistema imposible de aplicar los días de lluvia. Este modelo arcaico fue elegido por el Concello ante el temor de que obligar a los usuarios a introducir la matrícula del vehículo en los expendedores de tiques no fuera bien aceptado.
Con los requisitos que incluye el nuevo pliego, caso de que finalmente salga adelante, será posible pagar el estacionamiento a distancia por medios telemáticos, lo que facilitará su gestión. También se contempla acabar con el tope actual de dos horas, aunque solo en calles determinadas. En concreto, en aquellas con menor demanda, donde podrá estacionarse cuatro o cinco horas para facilitar la vida a los trabajadores de las zonas elegidas.
Adjudicación fallida en víspera de las elecciones municipales del 2007
Afinales de mayo se cumplieron nueve años del momento en el que el gobierno de la popular Corina Porro, cuyo concejal de Tráfico era Antonio Coello, decidiera adjudicar a la empresa Dornier la gestión de la zona azul, un servicio que pasó a denominar XER. Estéticamente fue una decisión dudosa por hacerlo solo unas horas antes de una elecciones que colocaron en la alcaldía a Abel Caballero; jurídicamente tampoco salieron bien las cosas pues la empresa que perdió la concesión, Estacionamientos y Servicios, filial de FCC, consideró que había sido perjudicada y no por casualidad. Recurrió a los tribunales y ganó en segunda instancia, obligando el Tribunal Superior al Concello a elegir entre dar marcha atrás al proceso de adjudicación, valorando correctamente a Estacionamientos y Servicios, o bien convocar un nuevo concurso.
La decisión fue largamente meditada, solicitando informes y reclamando aclaración de la sentencia a los jueces. Tras varios años de espera, el actual gobierno local optó por convocar un nuevo concurso aduciendo que el pliego anterior había quedado desfasado. Sin embargo, todavía empleó dos años más en elaborar el nuevo pliego y poner en marcha el proceso.
Mientras, la XER iba adelgazando en paralelo al avance de las humanizaciones, que se comían plazas controladas en diferentes zonas de la ciudad. Un sistema que llegó a tener más de 3.000 lugares de aparcamiento y que en algún momento se pensó en que llegara a las 5.000 se ha quedado en una versión reducida mientras surgían párkings subterráneos mucho más caros.
Jardines y alumbrado, otras dos anulaciones pendientes de resolver
Dos contratos relevantes, mantenimiento de los jardines y alumbrado, fueron paralizados por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contraactuales, como ahora el de la XER, y se encuentran en una situación difícil. El primero tiene un montante de 24 millones de euros y el de alumbrado se queda en 10,6.
Por lo que se refiere a los jardines, fue adjudicado por el Concello a Althenia, empresa nueva en la ciudad que realizó una importante bajada en su oferta, casi el 30 %. Sin embargo, Valoriza, que había sido eliminada por baja temeraria, acudió al tribunal de Hacienda, y logró ser readmitida. El problema es que mientras tanto Althenia se había hecho con la concesión. Ahora, esta última sociedad gestiona en precario un servicio con más de un centenar de empleados mientras el gobierno vigués busca una solución.
Con seguridad no será sencilla y afrontará reclamaciones económicas de todos los que se consideren perjudicados, bien por una adjudicación incorrecta que ha obligado a realizar inversiones o bien por el retraso en asumir un servicio que legalmente debería haber obtenido antes.
El año anterior a la adjudicación ya se produjeron varias incidencias que llevaron incluso a la convocatoria de una huelga de la plantilla, disconforme con el listado de trabajadores a subrogar. Posteriormente, la asociación estatal de empresas de jardinería recurrió y logró paralizar el pliego en dos ocasiones, obligando al Concello a prorrogar el contrato de Cespa para no dejar sin mantenimiento los jardines. Pese a ello, la adjudicación se torció, situación que se mantiene en la actualidad.
Algo parecido ocurrió con el alumbrado, un concurso que tuvo notoriedad al trascender que uno de los trabajadores a subrogar tenía un salario anual de 97.000 euros, superior al del propio alcalde.
Parón sin resolver
La primera paralización se produjo en el mes de enero tras una reclamación de la empresa Sielvigo contra los costes laborales que generará a la adjudicataria la plantilla de 43 empleados. La respuesta municipal fue que el convenio de la empresa y el imperativo legal de la subrogación es lo que ha tenido en cuenta el Concello para elaborar el pliego.
Tras varias semanas de espera, el tribunal de Hacienda levantó la suspensión en febrero y dos meses después se adjudicaba provisionalmente el servicio a Imesapi, anterior adjudicataria. Sielvigo protestó al considerar que pudo influir en la decisión la presencia en la mesa de contratación de un concejal que tiene un familiar en Imesapi. También denunció una posible baja temeraria
Antes de que fuera definitiva la adjudicación el tribunal decidió en mayo atender la reclamación y ordenó una nueva paralización, que se mantiene a la espera de la solución final.