Un técnico municipal de Vigo pide el sobreseimiento de su causa en la Patos

Europa Press

VIGO

M. Moralejo

Alega que no elaboraba los pliegos de los contratos ni adjudicaba las obras

21 oct 2016 . Actualizado a las 19:10 h.

La defensa del técnico municipal del Ayuntamiento de Vigo, Jerónimo C.C., investigado en el marco de la Operación Patos, ha presentado un escrito en el juzgado de instrucción número 7 de la ciudad solicitando el sobreseimiento definitivo de la causa con respecto a este funcionario, alegando que su papel en algunas de las adjudicaciones que se investigan se limitó a valorar las ofertas según los criterios previamente aprobados por la Junta de Gobierno Local.

Según el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, este funcionario tan solo ha participado en tres de las obras en cuestión: la humanización del entorno de la iglesia de Zamáns, la humanización de la calle Nicaragua y las obras del Centro de Interpretación de Ría.

La defensa de este investigado ha señalado que, con respecto a las dos primeras actuaciones, la intervención de este técnico se limitó a la valoración de las ofertas presentadas a licitación, siguiendo los criterios «previamente aprobados por la Junta de Gobierno Local».

A ese respecto, ha subrayado que Jerónimo C.C. «no tiene intervención alguna» ni en la selección del tipo de procedimiento, ni en el tipo de tramitación, ni en la elaboración de los pliegos de contratación. Asimismo, la defensa rebate los informes de la Intervención General del Estado sobre cuestiones como la ausencia de negociación o de suficiente motivación.

En el caso del Centro de Interpretación de Ría, en el que el funcionario actuó como director de obra, en el escrito se señala que éste «se limitó a realizar un informe en el que se determina cuáles de las ofertas presentadas son anormales o desproporcionadas», lo que se establece según una fórmula matemática «sin que intervengan juicios de valor».

Sin indicios delictivos

Al entender de esta parte, no hay indicios de que este investigado haya cometido delitos como la prevaricación o el tráfico de influencias, e incluso se evidencia que, según una conversación telefónica intervenida por la policía, Jerónimo C.C., se negó a aceptar un sobrecoste de 5.000 euros en una obra adjudicada a Eiriña.

Además de estas alegaciones, la defensa también pone de manifiesto que este ingeniero no tiene «relación alguna» con «los principales investigados», Enrique A.P., dueño de la constructora Eiriña, y su director, Jaime A.V.